Luego de la denuncia que colocara el Ministerio de Vivienda, a través del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, en el cuál se solicitaba investigar el convenio interadministrativo 590 del 2013, suscrito entre el municipio de Yopal y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, para la construcción de la primera etapa de una planta de potabilización modular para el sistema de acueducto del área urbana de Yopal por $7.800.104.451, la Contraloría General de la República, confirmó que inició el correspondiente proceso de responsabilidad fiscal.

La Contraloría General de la República, conforme al recaudo probatorio concluyó que aun cuando el contrato de obra se encuentra firmada acta de terminación, la obra ejecutada con este contrato no suministra agua potable a los habitantes del municipio de Yopal y por lo tanto no se garantiza, ni la calidad, ni la continuidad del servicio de agua potable, generando riesgo en la salud de la comunidad y por lo tanto impactando la salud pública.

Por lo que la Contraloría General de la República, considera que se presenta un posible detrimento patrimonial correspondiente a las inversiones realizadas, según los pagos hechos por la EAAAY del convenio interadministrativo No. 0590 del 2013, por valor de 8.339.656.189, teniendo en cuenta que las obras realizadas, no prestan ningún servicio a la comunidad, por lo tanto se dará inicio a un proceso de responsabilidad fiscal.