La Contraloría General de la República realizó un llamado de atención sobre dos graves riesgos que enfrentan las campañas electorales que se adelantarán el presente año:

Por una parte, la posibilidad de que se desvíen recursos destinados a atender a los damnificados de la ola invernal para proselitismo político, y por otra, la presencia de las llamadas Bandas Criminales, Bacrim, que tratarán de influir en los resultados de las elecciones a través de actividades de cooptación y presión, con el fin de que en algunos lugares estratégicos del territorio nacional, se puedan escoger candidatos afines a sus intereses.

Así lo planteó la Contralora Sandra Morelli Rico, quien señaló que “en el caso de los recursos de la ola invernal, el ente de control adelantará las acciones para prevenir el uso indebido de las donaciones, los recursos de la ayuda humanitaria y de la reconstrucción, que actualmente se encuentran recibiendo los departamentos y municipios y que puedan influir en los resultados electorales”.

Con este propósito, la Contraloría reforzará la vigilancia que adelanta actualmente en las entidades territoriales, de tal forma que, en tiempo real, se prevenga que las ayudas y las contrataciones que se entreguen y realicen con estos recursos, se efectúen al margen del proceso electoral.

Departamentos con mayor riesgo
La Contraloría General de la República cruzó los datos disponibles sobre los riesgos electorales que se han identificado hasta el momento y encontró que tres departamentos, Córdoba, Sucre y Guajira, presentan la situación más delicada, pues al mismo tiempo existen riesgos de suplantación, trashumancia y presencia de la Bacrim.

El riesgo electoral alto también se da en los departamentos de Magdalena, Boyacá, Cesar, Antioquia, Valle, Casanare y Meta.

Así mismo, la Contraloría encontró los cinco municipios de mayor riesgo, que presentan trashumancia y grupos ilegales (Bacrim) al mismo tiempo: Paz de Ariporo, Hato Corozal y Aguazul, en el departamento de Casanare, y Dibuya, en La Guajira.

Otros riesgos que afectan el proceso electoral, aparte de los ya señalados, son delitos electorales como la alteración de los formularios electorales, el constreñimiento al elector y la compra de votos, a lo que se suma la posibilidad de que se utilicen en forma indebida los recursos de regalías y del Sistema General de Participaciones -SGP-

Estrategia de Control Fiscal Electoral
En el marco de sus competencias, de cara a la consulta popular de los partidos políticos y las elecciones de autoridades departamentales y municipales, Contraloría General de la República ha puesto en marcha un esquema de supervisión y control efectivo de los recursos públicos, donde quiere que éstos puedan ser desviados.
Esta estrategia no tiene antecedentes. Es la primera vez que el ente de control asume estas responsabilidades.

El objetivo es vigilar en tiempo real la utilización de los recursos públicos destinados a este proceso electoral, su debida destinación y adecuada gestión, procurando un manejo eficiente y transparente.

Seguimientos especiales:
*A la gestión de los recursos del Fondo Nacional para la Financiación de los partidos y movimientos políticos.

*A las funciones de organización de las elecciones, control y seguimiento a los partidos y movimientos políticos del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

*Y a la ejecución de recursos del nivel nacional y territorial que evidencien riesgos de utilización indebida e injerencia en los resultados electorales, conforme a las competencias de la Contraloría.

Además, la CGR realizará acciones particulares y concretas para reducir los riesgos de daño fiscal por la elección de candidatos inhabilitados.
Y habrá una vigilancia especial a las entidades encargadas del control, el seguimiento y la supervisión de actividades relacionadas con el proceso electoral.

Control en tiempo real
Tal como se hizo en el caso de los recursos públicos destinados a atender la emergencia invernal en el país, la Contraloría General de la República adelantará en este caso un Control Fiscal Posterior en Tiempo Real.

Se trata de hacer un seguimiento y vigilancia especial en tiempo real a los recursos y a la gestión de las entidades públicos del nivel nacional y territorial, con un enfoque preventivo tendiente a garantizar el uso racional de los mismos.

La CGR dispondrá en la Registraduría Nacional del Estado Civil una comisión de auditoría en tiempo real para acompañar la preparación y la realización del proceso electoral, en las etapas pre-electoral, electoral y post-electoral.

Igualmente, tendrá una comisión auditora en el Consejo Nacional Electoral, en tiempo real, para acompañar las labores del mismo, en todo lo que significan los aportes para la financiación de los partidos políticos, el giro de los recursos públicos y la correcta utilización de los mismos.

Adicionalmente, se aplicará el control fiscal ordinario, profundizando en las líneas de auditoría que informen de los resultados y la gestión de las entidades responsables de la organización, ejecución, control y vigilancia del proceso electoral.

La estrategia de control fiscal electoral contempla auditorías articuladas con la ciudadanía. La CGR consolidará una red de aliados estratégicos para ampliar el alcance de estas labores, entre los que se cuentan el programa Colombia Joven, la Misión de Observación Electoral, los vigías ciudadanos, las Universidades y la Fundación para la Libertad de , entre otros.

Así mismo, la Contraloría impulsará la creación de veedurías ciudadanas en los departamentos y municipios para monitorear los riesgos que han identificado el Ministerio del Interior, la Registraduría Nacional del Estado Civil y otras organizaciones de la sociedad civil.

Control a candidatos inhabilitados
La Contraloría realizará un control minucioso para detectar candidatos inhabilitados. Es así como va a cruzar periódicamente el listado de candidatos inscritos para las consultas populares y para las elecciones, con el fin de determinar aquellos que hayan sido declarados responsables fiscales.

También se cruzará el listado de candidatos inscritos con las bases de datos de hojas de vida del Departamento Administrativo de la Función Pública, para determinar las posibles inhabilidades que puedan tener por haber ejercido cargos públicos. Y habrá cruces para verificar la existencia de posibles inhabilidades por contratación con entidades públicas.

De igual manera, la Contraloría estará atenta al proceso de reposición de votos respecto de candidatos declarados inhábiles, toda vez que implica una erogación de recursos públicos.

En materia de contratación pública, se efectuará seguimiento y control en tiempo real de la contratación efectuada para comunicación, transporte, publicidad y los servicios personales indirectos, así como de los contratos de prestación de servicios