La Contraloría General de la República encontró 12 presuntos hallazgos fiscales por $6.337 millones de pesos en las auditorías que realizó en el primer semestre de este año sobre el manejo de los recursos de regalías en el departamento de Boyacá.

El sector con mayor incidencia en estos hallazgos es el de Educación, por un valor de $3.789 millones, evidenciándose situaciones como falta de calidad, funcionamiento y garantía de los equipos, materiales, mobiliario y laboratorios adquiridos, softwares comprados en inglés y sin licencias (dificultando el proceso de enseñanza), y laboratorios virtuales sin funcionamiento por falta de dotación de mobiliario, lo que determina un presunto incumplimiento del contratista y que se hayan recibido bienes que no cumplían con las condiciones técnicas y de calidad exigidas en los contratos celebrados.

El segundo sector con mayor incidencia en los hallazgos fiscales fue el de Salud y Protección Social, por un valor de $1.222 millones, por la construcción de la nueva sede de la ESE Hospital Regional de Moniquira, donde se advierten falencias en las labores de supervisión e intervención, falta de mecanismos de seguimiento y control de la administración departamental y la ausencia de custodia de las obras a la fecha construidas, todo lo cual ha llevado a que la obra no se haya ejecutado y no se haya dado inicio a las prestación del servicio público de salud.

En el sector de cultura, deporte y recreación, hay hallazgos por obras abandonadas con debilidades de control e interventoría, en agua potable y saneamiento básico por uso inapropiado de los recursos públicos e interventorías y supervisiones de baja calidad en las obras, y en el sector de transporte y agricultura por falta de supervisión y control en la interventoría.

Se evidenciaron debilidades en el manejo de la información presupuestal y financiera, ya que se observó diferencias entre las cifras encontradas, en los soportes del Departamento, y la información soportada en el sistema.

En desarrollo de esta auditoria se encontraron 5 presuntos hallazgos penales, 31 con presunta incidencia disciplinaria y 45 administrativos.

Se verificó también que no se cumplió con los principios de eficiencia, eficacia y economía, debido a que los bienes o servicios contratados no cubrieron las necesidades de la comunidad beneficiaria y que los resultados obtenidos no promovieron en su totalidad el desarrollo educativo, de salud, cultural, social, y económico.