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Investigan a Centros de Reconocimiento de Conductores por trámite irregular de certificados médicos

Investigan a Centros de Reconocimiento de Conductores por trámite irregular de certificados médicos
La Superintendencia de Puertos y Transporte investigará e implementará medidas preventivas a 104 Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC) a nivel nacional que tramitaron de manera presuntamente irregular el Certificado de Aptitud Física, Mental y de Coordinación Motriz para Conducir de 84.589 ciudadanos que solicitaron la expedición o renovación de su licencia entre el primero de julio de 2014 y el 31 de enero de 2015.

Dentro de sus funciones de inspección, vigilancia y control, la Supertransporte encontró que más de un centenar de CRC (104 de un total de 411, en Bogotá y 24 departamentos) incumplen –o han incumplido– en más de un 60 por ciento con el reporte de información de dichos certificados al Sistema de Control y Vigilancia (Sicov).

“Esta plataforma tecnológica garantiza la legitimidad de los certificados y la protección al usuario contra la falsificación, por eso es obligatorio su uso para hacer el reporte de los Certificados de Aptitud Física, Mental y de Coordinación Motriz como documento válido para obtener o renovar la licencia de conducción”, advirtió Javier Jaramillo, superintendente de Puertos y Transporte.
Investigan a Centros de Reconocimiento de Conductores por trámite irregular de certificados médicos
Los 7 meses de auditoría por parte de la Supertransporte arrojaron que los 104 CRC a investigar cargaron la información de estos certificados directamente a la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), lo que constituye una clara omisión a la norma establecida por esta entidad, encargada de vigilar y controlar las autoridades, los organismos de tránsito, las entidades públicas o privadas que constituyan organismos de apoyo.

Una vez finalizada la investigación administrativa adelantada por la Superintendencia de Puertos y Transporte, estos 104 CRC se exponen a la suspensión o cancelación de la habilitación para funcionar, decisión que –en dado caso– será ejecutada por el Ministerio de Transporte, cartera encargada de autorizar la prestación del servicio de estos centros como organismos de apoyo.


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