La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a la organización Roa – Flor Huila (ORF) y a tres personas naturales con multas por $20.514.597.205 por incumplir instrucciones y requerimientos de información, y obstruir una visita administrativa realizada en su planta en el municipio de Villanueva en Casanare.

Pedro Pablo Peña Mendoza, Lucy Gallo Losada y Ángel Leonardo Riveros fueron las tres personas sancionadas, quienes hacen parte de la estructura organizacional de la compañía.

De acuerdo con la SIC, al interior de ORF hubo direccionamientos a través de instrucciones y directrices impartidas a los empleados de la empresa para incumplir las órdenes y requerimientos de información durante la visita administrativa.

Las conductas reprochadas por la SIC

La compañía incumplió el requerimiento de suministrar la información de los correos electrónicos institucionales asignados dentro de la empresa al jefe y al gerente de la planta de Villanueva, obstaculizando así el desarrollo de la actuación administrativa adelantada por esa Autoridad. “Para conseguir obstruir la visita, la compañía adujo circunstancias tales como que la información no podía ser suministrada sin la autorización de sus superiores, o que era necesario un requerimiento por escrito por parte de la Superintendencia dirigido a la gerencia de ORF”, dijo la SIC.

Se demostró también que la renuencia de la compañía provino de instrucciones impartidas por la gerente administrativa y financiera de ORF desde la sede administrativa de la empresa en Bogotá. Estas situaciones obstaculizaron injustificadamente el ejercicio de las funciones de la Autoridad, y obstruyeron la actuación administrativa que se adelantaba.

En el transcurso de la visita, ORF también negó la entrega de documentos e información de la empresa solicitada por los funcionarios de la SIC, aduciendo nuevamente que la misma debería solicitarse por escrito y sería entregada días después.

Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio ponía de presente a los ejecutivos y trabajadores de ORF las funciones y facultades que tenía en el marco de la visita administrativa, así como de las consecuencias legales del incumplimiento a las órdenes y requerimientos de la autoridad, estos manifestaron que se encontraban cumpliendo directrices e instrucciones impartidas al interior de la empresa.

Contra la decisión procede el recurso de reposición.