El respaldo político de los 32 gobernadores del país apoyando la iniciativa le dio un impulso significativo al proyecto.

 El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa informó que en Casanare habilitó cuatro obras en Orocué y una en Hato Corozal.

 Las mesas consultivas no se limitaron a la población indígena. Se extendieron a otros grupos significativos como las víctimas del conflicto armado, las Asojuntas y las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.