El senador Mauricio Ospina sostiene que la intervención de la Superintendencia de Salud a 20 Empresas Prestadoras de Salud (EPS) a través de medidas cautelares superan las facultades constitucionales y legales del ente de vigilancia y control.

Lo que el legislador halló fue una mutación jurídica de la medida de vigilancia especial consignada en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF).

Este exabrupto consiste en omitir la aplicación del artículo 68 de la ley 715 de 2001 y hacer una interpretación errada del EOSF para atribuirse la potestad de remover al Revisor Fiscal de la EPS a intervenir y designar un contralor externo a la superintendencia de carácter privado para avalar y suscribir un plan de acción que incluye, entre otras cosas, la contratación de una auditoria forense contable privada.

Los costos de estos nuevos procedimientos están a cargo de las EPS, situación que acentúa la crisis financiera de las empresas cobijadas por estas medidas, por cuanto se encuentran en situación de incumplimiento de su patrimonio mínimo y presentan margen de solvencia negativo.

Por todo lo anterior, el Senador Mauricio Ospina cuestiona el beneficio para los colombianos de generar una intermediación alrededor de la Inspección, Vigilancia y Control, y al tiempo advierte sobre el riesgo del nacimiento de un carrusel de interventorías, contralorías y auditorías en el Sistema de Salud auspiciado por la Supersalud.

El legislador, argumentó ante la plenaria del Senado de la República que la crisis estructural del Sistema General de Seguridad Social en Salud es un hecho notorio y de conocimiento público, constatado por la ciudadanía, los diferentes actores del sistema, el Congreso de la República, la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, las Veedurías Ciudadanas, la Corte Constitucional y el propio Gobierno Nacional.

Ante esta situación Ospina considera importante reflexionar sobre algunos aspectos que son determinantes para comprender con claridad que una de las principales causas de la crisis del sistema es la ausencia de una efectiva Inspección, Vigilancia y Control en cabeza del Estado.

Impedimento del Superintendente de Salud

Los Recobros al FOSYGA se convirtieron en la principal causa de la Insostenibilidad Financiera del Sistema de Salud y cuyo correctivo se esperaba fuese la Ley 1438 de 2011. Estos recobros, que en su mayoría son de medicamentos incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS) y también de medicamentos de Alto Costo, son competencia de la Inspección, Vigilancia y Control a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud.

Al revisar esta situación se evidencia un conflicto de intereses para el actual Superintendente, Conrado Adolfo Gómez Vélez, por su relación de consanguinidad con el Presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO), Francisco de Paula Gómez Vélez, hecho por el cual la cabeza del ente de Vigilancia y Control debe declarársele impedido para participar de la discusión de la nueva Política Farmacéutica del país.