Según la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad, los falsos reclamantes fueron excluidos del Registro Único de Víctimas.
Dentro del balance de acciones del 2021, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad para las Víctimas, Vladimir Martin Ramos, destacó que la entidad instauró 488 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por delitos asociados a falso testimonio, fraude procesal y fraude en el Registro Único de Víctima, entre otros.
En aplicación de las medidas contra actos irregulares, fueron denunciadas 41.312 falsas víctimas, que fueron excluidas del Registro Único.
Así mismo, la Oficina Asesora Jurídica reportó que en el año 2021 se logró una recuperación de $8.697.135 en el marco de procesos penales y diligencias suscritas bajo la figura del Principio de Oportunidad.
También este año esta Oficina, a través del Grupo de Indagación y Protección contra Fraudes, hizo el relanzamiento de la Campaña “Que no le echen cuentos”, con la creación del nuevo personaje líder antifraude “Justo.
Unidad respondió a informe de la Contraloría General de la República
Frente a los presuntos hallazgos encontrados por Actuación Especial de Fiscalización adelantada por la Contraloría General de la República, la Unidad para las Víctimas informó que está en proceso de revisión del informe final para establecer las posibles debilidades o inconsistencias de la información y que tomará las medidas pertinentes a que haya lugar, si es preciso.
“En caso de encontrar debilidades por los presuntos hallazgos se formulará y pondrá inmediatamente en marcha un plan de mejoramiento al interior de la entidad”, afirmó la UARIV.
Los hallazgos fiscales por más de $692 millones que detectó la Contraloría darán inicio a Procesos de Responsabilidad Fiscal, derivados de una gestión inadecuada por esta suma, producto de giros desde la UARIV hacia operadores bancarios, de recursos a beneficiarios fallecidos con anterioridad a la fecha de la transferencia.
La Contraloría advirtió también un inadecuado control sobre pagos realizados por operadores bancarios a beneficiarios fallecidos con posterioridad a los traslados de recursos desde la UARIV. Además, los operadores bancarios no reconocen pagos sobre giros realizados por la UARIV en los casos señalados en el informe. Y se encuentran graves falencias en los procesos de verificación de identidades de los beneficiarios. Esta última situación causa discrepancias entre los nombres y números de cédula de los beneficiarios de los giros con los datos de las víctimas.