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Por convenio con Gobernación de Casanare España extraditará a ex rector de Unipamplona Álvaro González

Por convenio con Gobernación de Casanare España extraditará a ex rector de Unipamplona Álvaro González

La policía española detuvo en Barcelona (Cataluña) al exrector de la universidad de Pamplona, que estaba reclamado por las autoridades colombianas por un presunto detrimento patrimonial superior a los 7 mil 300 millones de pesos.

Álvaro González Joves fue detenido la semana pasada, tras numerosas gestiones para su localización, puesto que según la policía española, “el fugitivo extremaba las medidas de autoprotección", se informó este viernes en un comunicado.

El detenido, cuando era rector de la Universidad de Pamplona en diciembre de 2006, suscribió un convenio con el gobernador del departamento de Casanare para la adquisición de material universitario y construcción de aulas.

De estos fondos, González Joves presuntamente habría "malversado millonarios recursos destinándolos a otros fines diferentes a los establecidos en el convenio".

González Joves se encontraba huyendo desde hacía un año y medio, según la policía, que añade que las autoridades colombianas comunicaron a través de Interpol a principios de este año que había indicios de que el fugitivo se encontraba en Barcelona.

Tras su detención, González Joves fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional (principal instancia penal española), que ha decretado su ingreso en prisión hasta que el Gobierno colombiano materialice la petición de extradición al país.

En la Contraloría, González se encuentra reportado en un proceso en el que la entidad afectada es la Gobernación de Casanare, y en el que la cuantía por la cual se le halló fiscalmente responsable asciende a 473 millones de pesos.
Por convenio con Gobernación de Casanare España extraditará a ex rector de Unipamplona Álvaro González
El convenio con Casanare

Se trata del convenio interadministrativo de cooperación número 00456, suscrito entre el departamento de Casanare, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, y la Universidad de Pamplona, por un total de 34 mil 989 millones de pesos.

Ese convenio, firmado entre las partes el 27 de diciembre de 2006, y que obligaba a la Unipamplona a desembolsar más de 5 mil 600 millones de pesos, buscaba la construcción de 100 aulas de informática multipropósito en las instalaciones educativas oficiales de Casanare e implementar y dotar 250 aulas virtuales. El plazo de ejecución para ese convenio era de un año a partir del 27 de diciembre de 2006 y, la vigencia del mismo, abarcaba el tiempo de la ejecución y un mes más.

En el convenio, las partes establecieron que el departamento de Casanare se comprometía a entregar 27 mil 769 millones 803.614 pesos, distribuidos de la siguiente manera: 6 mil millones se irían para la construcción de las 100 aulas de informática multipropósito en las instituciones educativas oficiales, y 21 mil 769 millones 803.614 pesos servirían para dotar las 250 aulas virtuales de distintas instituciones educativas casanareñas.

Sin embargo, una vez la Unipamplona recibió el dinero por parte de la gobernación de Casanare, el exrector González empezó a hacer una serie de movimientos que hoy, lo tienen comprometido en un detrimento patrimonial superior a los 7 mil 300 millones de pesos, que nadie sabe a dónde fueron a parar.

A González Joves se le señala de haber mezclado el dinero desembolsado desde Casanare con los recursos propios que la Universidad tenía en ese momento y que correspondían a los cobros realizados por concepto de matrículas y transferencias hechas por el Gobierno Nacional, entre otros rubros.

Esa mezcla de capitales le permitía al ex rector disponer de un flujo de caja muy grande y presentar, al término de cada año, registros contables en los que se dimensionaban sendos superávits a favor de la Universidad.

Sin embargo, la realidad era otra, pues según una interventoría contratada en su momento por Casanare, era poco lo que quedaba, fue cuando las alarmas se encendieron.

Esta interventoría mostró en su momento, que el rubro en el que más dinero se perdió, fue el que estaba destinado a la implementación de las 250 aulas de informática.

De un total de 16 mil 376 millones de pesos presupuestados para la compra de, entre otros elementos, 5 mil computadores, 250 antenas satelitales, 5 mil mesas y 5 mil sillas para los equipos, 500 aires acondicionados y, finalmente, 500 tableros acrílicos, el total del monto ejecutado fue de 10 mil 581 millones de pesos. De esta manera, sólo en este componente, el hueco que se abrió fue de más de 5 mil 858 millones de pesos.

Además, los precios presentados en el convenio para los computadores (4 mil 750) y los servidores (250), a un valor de 2 millones 130 mil 275 y 2 millones 738 mil 925 pesos, respectivamente, generaron pérdidas cercanas a los mil 521 millones de pesos , no solo porque se compraron a un precio muy superior a su valor comercial real en 2006, sino porque finalmente solo se terminaron adquiriendo 4 mil 36, es decir, 964 menos de los que se habían presupuestado y para los que se habían girado los dineros.
Por convenio con Gobernación de Casanare España extraditará a ex rector de Unipamplona Álvaro González
Gobernador Whitman Porras fue destituido por ese convenio

Dentro de las variadas destituciones que la Procuraduría aplicó al ex gobernador de Casanare, Whitman Herney Porras, se cuenta precisamente una relacionada con las irregularidades en un convenio suscrito con la Universidad de Pamplona por 27.769 millones de pesos en 2006 y en otro con la Organización de Estados Iberoamericanos por 14.350 millones de pesos.

En su momento el ente de control destituyó e inhabilitó por 11 años a Porras, (actualmente privado de la libertad) al comprobar que el entonces Gobernador expidió un decreto para adicionar el presupuesto de esa vigencia fiscal por la suma de 167.138 millones de pesos, "recursos provenientes de reservas presupuestales de 2006, desconociendo el deber de presentar a la Asamblea Departamental el proyecto de ordenanza correspondiente para su aprobación".

La Procuraduría comprobó que con ese decreto, no se constituyeron reservas presupuestales, sino que se adicionó y modificó el presupuesto de la vigencia fiscal 2007, atribución que le correspondía a la Asamblea Departamental. El Ministerio Público calificó esa falta a título de dolo, ya que por su condición de mandatario seccional, Porras conocía que era atribución de la Asamblea Departamental autorizar al Gobernador para adicionar el presupuesto.

Con información de laopinion.com – Agencia AFP


Comentarios

centauroadhoc
centauroadhoc 23 Marzo 2015 19:24
Ojo a la redacción del titulo de esta noticia no está ordenada de manera lógica y coherente

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