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INVESTIGAN SUPUESTO HURTO DE RECURSOS DESTINADOS POR EL ICBF A LOS NIÑOS EN VILLANUEVA

INVESTIGAN SUPUESTO HURTO DE RECURSOS DESTINADOS POR EL ICBF A LOS NIÑOS EN VILLANUEVA
La Dirección General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar enviará al municipio de Villanueva (Casanare) una comisión especial para acompañar la investigación que las autoridades adelantan por el supuesto hurto de 105 millones de pesos, destinados a la atención de niños y niñas de la Primera Infancia.

“Los recursos para la niñez son intocables”, dijo el Director General del ICBF, Diego Molano Aponte. “Acompañaremos todo el proceso que las autoridades competentes adelantan en este caso y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para contribuir a que se aclare y para recuperar lo que les pertenece”.

El hecho se conoció cuando una Madre Comunitaria, que además se desempeñaba como tesorera de la Asociación de Padres Usuarios del ICBF, en el Barrio Centro de Villanueva, cobró un cheque por 95 millones de pesos en la ciudad de Villavicencio, luego de permanecer desaparecida durante varios días en los que debía rendir informe de su labor durante el mes de marzo.

Según las primeras indagaciones, la señora se presentó en las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal, argumentando haber sido víctima de un atraco, en el que supuestamente fue drogada y obligada a reclamar el cheque por otra persona. No obstante, las autoridades investigan otros movimientos bancarios no justificados que se habrían realizado en fechas anteriores.

Mientras espera los resultados de la investigación, originada en la denuncia interpuesta por la representante legal de la Asociación ante la Fiscalía General de la Nación, el ICBF garantiza que la atención de los niños y niñas se preste de manera ininterrumpida y estudia las medidas jurídicas y administrativas que el caso amerite.

“Hacemos un llamado a los funcionarios, a los usuarios de nuestros servicios y a la sociedad en general, para que denuncie cualquier irregularidad de la que tenga conocimiento”, dijo el Director General. “Tenemos 8.5 millones de usuarios que integran las familias más vulnerables del país y no podemos tolerar ninguna conducta que ponga en juego la atención que ellos reciben”, puntualizó.


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