La Contraloría General de la República presentó un informe en el que señala que espera que las cifras de esta evaluación contribuyan a que se dé una discusión de carácter técnico que permita que los recursos del SGR (humanos, técnicos y económicos), coadyuven a "mejorar las condiciones sociales de la población", en especial de la más pobre y vulnerable y que se aborden los problemas de fondo que aquí se plantean en beneficio del país.

En relación con las inquietudes manifestadas en declaraciones radiales por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, sobre que la Contraloría "no ha sido los suficientemente precisa para indicar el desarrollo de los proyectos" (de regalías), la Contraloría General de la República, realizó una serie de consideraciones, con base en el análisis que hizo del Sistema General de Regalías un año después de entrar en vigencia la Ley 1530 de 2012.

Lo primero es que este informe de la CGR permite identificar alertas tempranas en la implementación de la Ley 1530 de 2012, así como poner a disposición de la Comisión Rectora elementos para que, si así se estimare procedente, puedan establecer estrategias para evaluar la ejecución general del Sistema, dictar regulaciones de carácter administrativo orientadas a asegurar el adecuado funcionamiento del Sistema y proponer aquellos cambios de política en relación con los objetivos y funcionamiento del Sistema General de Regalías.

El referido informe surge del análisis de las cifras que figuran en la página web del SGR (www.sgr.gov.co), y del cual resaltan especialmente y de manera precisa los siguientes aspectos:

1. Aprobación y distribución de recursos:

De acuerdo con las cifras publicadas en la página del SGR, hasta el 6 de septiembre de 2013 se han aprobado y distribuido los recursos del SGR tal como se muestra a continuación:

Grafica No. 1. Distribución de Recursos Aprobados




DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS APROBADOS

De acuerdo con la Gráfica No. 1 vemos que para 2012 se han aprobado el 79,98% de los recursos, presentándose un rezago de 20% para ser aprobado; para la vigencia 2013-2014 el nivel de aprobación de proyectos es de 27,27%. Igualmente vemos como Cormagdalena y las Corporaciones no han hecho uso de los recursos que le han sido asignados dentro del SGR.

2. Ejecución de recursos:

Además de ser aprobados, los proyectos deben ser puestos en ejecución, de lo contrario, luego de seis meses, prorrogables por seis meses más, si no han cumplido con la totalidad de los requisitos, perderán la aprobación. La CGR ve con preocupación que el 14,63% de estos recursos ya cuentan con más de 12 meses después de haber sido aprobados en el OCAD y el 35,12% cumplieron ya 6 meses sin iniciar ejecución.

Al hacer un análisis de la base de datos de proyectos aprobados contra el estado actual de éstos, encontramos que para 2012 la ejecución real fue de 2,99%, y para 2013 es de 0,88% a cuatro meses de terminarse el año, lo que nos arroja un acumulado de 2,14%, tal como se muestra a continuación.

Grafica No. 2. Estado de los Proyectos Aprobados




ESTADO DE LOS PROYECTOS APROBADOS

3. Pertinencia de los proyectos presentados y aprobados vs. NBI

Uno de los puntos que la Contraloría quiere poner de manifiesto, además de los aspectos cuantitativos, es la pertinencia y contribución al bienestar de las comunidades de los proyectos presentados y aprobados.

Según lo establecido en la Ley 1530 de 2012, los recursos de Asignaciones Directas, del Fondo de Desarrollo Regional y del Fondo de Compensación Regional, deben favorecer a la población más pobre y vulnerable; sin embargo de acuerdo con los mapas adjuntos, en los cuales se compara el avance de proyectos aprobados, el presupuesto para los conceptos de distribución mencionados y el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) estimados por el Departamento Nacional de Planeación, se observa cómo los departamentos con mayores Índices de Pobreza Multidimensional, como son Vichada, Guainía, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Putumayo, cuentan con el menor número de proyectos aprobados y recursos asignados.

Se exceptúan de esta tendencia los Departamentos de Chocó, Córdoba y Guajira. Este último a pesar de haber recibido regalías en el sistema anterior por encima de los $1.3 billones de pesos, mantiene un Índice de Pobreza Multidimensional alto.

En relación con la pertinencia, definida en el numeral 1 del art. 23 de la Ley 1530 como: "… la oportunidad y conveniencia de formular proyectos acordes con las condiciones particulares y necesidades socioculturales, económicas y ambientales.", se pueden relacionar varios proyectos aprobados en los diferentes OCAD que no se compadecen con las condiciones de los entes territoriales para los cuales se aprobaron, si se tiene en cuenta el Índice de Pobreza Multidimensional[1], como se puede observar en una pequeña muestra:

• La Construcción de los Parques Acuaparque Nacional del Chicamocha Centro oriente, Ecoparque Cerro el Santísimo, Parque Interactivo Centro Oriente y del Parque Acuático El Lago - Acualago del municipio de Floridablanca, todos en el departamento de Santander, por un valor de $8.151´539.724, $95.763´604.276, $12.316´422.725 y

• $2.500.000.000 respectivamente, provenientes en su totalidad de regalías directas de la vigencia 2012, en un departamento con una incidencia de la pobreza del 45.24%.

• Caso similar se presentan en el municipio de Coveñas, Sucre, en el cual se aprobó la construcción de la Casa de Cultura por un valor de $2.441´069.840, para un municipio que cuenta con una población de 11 mil 300 personas[2] y que tiene una incidencia de la pobreza del 52.07%, así como el proyecto de adecuación de la sede para el Museo Arqueológico de Sucre y la Implementación de Acciones para el Fortalecimiento de la Identidad y la Valoración del Patrimonio Cultural de Sucre, por un valor de $1.548´027.380 en un departamento con un indicador de pobreza del 73.19%.

• Vemos también la Construcción del Parque Bio-saludable y Lúdico-recreativo Las Flores en el municipio de Valledupar; la Construcción del Balneario y centro recreacional El Chorro en el municipio de la Paz por valores de $4.973´171.743 y $3.036´444.558 respectivamente, aprobados en el OCAD del departamento del Cesar, que tiene una incidencia de la pobreza del 66,73%; máxime teniendo en cuenta que este último caso podría llegar a tener alguna semejanza con las denominadas "piscinas de olas" que se construyeron en épocas pasadas con recursos de regalías y que fueron altamente cuestionadas por el Gobierno Nacional.

• También se hace necesario mencionar el Centro de Pensamiento y Gobernanza, proyecto aprobado en el OCAD del departamento de Bolívar por $1.228´021.620, teniendo un indicador de 63.42% de incidencia de la pobreza.

• Otro ejemplo que llama particularmente la atención es el proyecto de "Implementación del Sistema de Vigilancia y Atención de la conducta suicida en el departamento de Arauca" por un monto de $1.999´999.794, cuando en la capital de este departamento se presentaron 7 suicidios durante 2012, según datos de Medicina Legal.[3] En este mismo OCAD se aprobó la Construcción del Parque Monumento al Cacao en el Municipio de Arauquita por un valor de $426´544.000, teniendo este municipio una incidencia de la pobreza del 61.38%.

• En el caso del departamento de Tolima se observa que fueron destinados $2.866´704.997 para la Preparación y participación del departamento en los XIX Juegos Nacionales, contra $3.100´000.000 aprobados para la totalidad de programas de atención de salud en el departamento.

Ahora bien, evidencia la CGR que algunos proyectos aprobados en la vigencia 2012 y 2013 ya habían obtenido recursos previamente mediante proyectos del Fondo Nacional de Regalías y cuya ejecución data de años atrás, sin que se hubieran culminado los proyectos por deficiencias en planeación o ejecución de estos, y al asignarles más recursos, se prolonga una obra sin que preste beneficios a la comunidad. Esta esta situación encontramos los siguientes casos:

• Proyecto "Reconstrucción de la I.E.D. Liceo Ariguaní, sede de la Escuela del Barrio El Retiro en el Difícil Ariguaní" por un valor de $1.337.912.340, cuando en 2010 ya se habían asignado recursos a través del FNR para la "Construcción de la unidad de apoyo educativa de la Institución Educativa Liceo Ariguaní en el Difícil, municipio de Ariguaní por valor de $2.373.586.060"

• Es de resaltar los proyectos del departamento de la Guajira y Corpoguajira denominados "Derecho al agua de comunidades indígenas rurales carente de fuentes hídricas superficial o subterránea en los Municipios de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha en el Departamento de La Guajira" y "Desarrollo esquema de sostenibilidad comunitario para sistemas de extracción de agua subterránea en comunidades rurales Municipios de Riohacha, Albania, Uribia y Maicao, ubicados en la Media y Alta Guajira", por un monto de $5.503´335.000 y $1.986´170.598 respectivamente, habiendo sido invertidos recursos por cerca de $12.688´684.000 de regalías directas para los servicios de acueducto y saneamiento básico a las comunidades indígenas de estos 4 municipios de La Guajira en el antiguo sistema de regalías.

• Otro caso que llama la atención radica en el PDA Magdalena para el cual se aprobaron recursos por $128.000 millones en el OCAD región Caribe como si se tratara de un proyecto nuevo y para el cual también le habían sido aprobados recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías, por valor de $528.885´197.901.

• Encontramos igualmente el proyecto "Terminación primera fase del Megacolegio Ana Elisa Cuenca Lara del Municipio de Yaguará, departamento del Huila" con recursos aprobados por un monto de $1.986´170.598, habiendo recibido previamente recursos por $ 7.001´773.000 en el anterior sistema de regalías, presentándose un índice de pobreza en dicho municipio de 42,39%.[4]

También llama la atención de este ente de control los recursos del SGR que los distintos entes territoriales han apropiado para la compra de retroexcavadoras por $3.100 millones cuando de acuerdo con la información del Ministerio de Defensa, se han incautado cerca de 982[5] retroexcavadoras en las operaciones contra la minería ilegal y de las cuales no se conoce su suerte ni se tiene en cuenta la utilidad que las mismas puedan brindar en los distintos entes.

4. Análisis requisitos para la aprobación de proyectos por sectores

Los requisitos de aprobación de los proyectos, establecidos por los acuerdos son más flexibles que los establecidos por normas superiores estatales, siendo este un factor que puede incidir sobre la contratación, los proceso de ejecución, la culminación y calidad de los mismos.

SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE: En los proyectos de este sector la falta de planeación y priorización, se manifiesta en la construcción de obras sin análisis preliminares, en la contratación de éstas sin contar con diseños definitivos, licencias ambientales, estudios de suelos o sin tener la propiedad de los terrenos que serán intervenidos. Lo anterior genera que se superen los costos inicialmente presupuestados, atrasos en las obra o que estas queden eventualmente inconclusas y que finalmente no se le pueda hacer seguimiento ni evaluación a los mismos.

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO: El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio mediante la Resolución 379 de 2012 estableció los criterios de aprobación así como los requisitos para la presentación y viabilización de los proyectos que se financian con apoyo de la Nación y sus entidades públicas descentralizadas; sin embargo, los acuerdos 006, 012 y 013 de 2012, de la Comisión Rectora (CR), han sido las cartas de navegación para la presentación, aprobación y viabilización de los proyectos sectoriales ante los diversos OCAD, apartándose de la referida resolución, poniendo en riesgo la viabilidad técnica de los proyectos aprobados y en consecuencia los cuantiosos recursos involucrados.

SECTOR VIVIENDA: Los requisitos para la viabilización y aprobación de proyectos en este sector, en el área rural en condición de riesgo no mitigable o afectados por una situación de desastre no exige más que la relación de familias a beneficiar; en tanto que los establecidos para vivienda nueva urbana no contemplan la verificación del cumplimiento de las normas arquitectónicas, urbanísticas y de sismo resistencia, como tampoco se verifica la existencia y dotación de servicios públicos en el lote que será empleado para la construcción de las viviendas. Lo anterior significa que se aumenta el riesgo de la ejecución de proyectos que garanticen las condiciones de calidad de los atributos de la vivienda y el hábitat que han sido señalados por la Corte Constitucional.

De otra parte, se desconocen los mecanismos establecidos para el proceso de selección de los beneficiarios de los proyectos que se aprueban en materia de vivienda de interés social, en cualquiera de las modalidades. Ni se tiene un esquema claro que garantice la calidad de la interventoría o supervisión de los proyectos, toda vez que no existe independencia entre el oferente o constructor y el interventor, que en muchos casos es el mismo municipio.

SECTOR AMBIENTE: Según lo señalado por el Acuerdo 13 de 2012, la aprobación de proyectos para este sector requiere de un aval de la Corporación Autónoma Regional competente, con el fin de demostrar la coherencia del mismo con el Plan de Gestión Ambiental Regional y el Plan de Acción. Sin embargo algunos de los proyectos clasificados dentro de este sector, igualmente se podrían clasificar en otro sector de acuerdo con el beneficio que este le prestara a la comunidad, como infraestructura o transporte, generándose requisitos que no son tenidos en cuenta cuando son clasificados solamente en uno de estos sectores. Por ello, resulta preocupante que al clasificar los proyectos como ambientales se obvien requisitos mínimos en proyectos de inversión que implican obras de especial importancia ambiental y social.

Esperamos que estas cifras contribuyan a que se dé una discusión de carácter técnico que permita que los recursos del SGR (humanos, técnicos y económicos), coadyuven a "mejorar las condiciones sociales de la población", en especial de la más pobre y vulnerable y que se aborden los problemas de fondo que aquí se plantean en beneficio del país, señala la Contraloría en su informe.