El Consejo de Estado le negó al Alcalde Luis Eduardo Castro y al Gerente de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, una nueva maniobra con la que pretendían materializar el contrato con la empresa privada Ingenicontec S.A.S, para manejar por una millonaria suma el alcantarillado de la ciudad de Yopal a 34 años.

Los hechos están relacionados con el contrato de la EAAAY celebrado para “la colaboración empresarial en alianza estratégica número 00148.22, cuyo objeto es la transferencia tecnológica de la PTAR existente con tecnología KWI que brindaría una eficiencia del 90% y lodos tratados y la construcción de una nueva PTAR para el tratamiento de 1500 litros por segundo, así como el diseño del plan maestro de acueducto y alcantarillado del casco urbano del municipio de Yopal”.

Así lo informó el exalcalde Leonardo Puentes, quien fue el autor de una Acción Popular para frenar dicha concesión y en consecuencia un Juez de la República ordenó como medida cautelar la suspensión del contrato, dando la razón de que la concesión se había dado de forma irregular y violando todos los principios de la administración pública.

Para reactivar dicho contrato, la Empresa de Acueducto de Yopal interpuso ante el Consejo de Estado una Acción de Tutela contra el Tribunal Administrativo de Casanare y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Yopal, alegando que se le habían vulnerado los derechos al acceso a la justicia, el debido proceso y la seguridad jurídica.

La providencia judicial, consideró que era improcedente por no superar el requisito general de la relevancia constitucional.

En tal sentido el Consejo de Estado declaró improcedente la Acción de Tutela formulada por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal y el Alcalde Luis Eduardo Castro.

El proceso es el mismo que generó un escándalo por la filtración de un video en el que aparece el Gerente de la empresa Ingenicontec, Nelson Suescún, exponiendo que el contrato de manejo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales que asciende a 85 mil millones de pesos, contemplaría coimas para el Alcalde Luis Eduardo Casto, el Gerente de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado, y Aseo de Yopal, Jairo Bossue Pérez, el ex asesor jurídico de la EAAAY  Manolo Pérez y el representante a la Cámara de Casanare Hugo Archila, entre otros, develaría un nuevo escándalo por presunta corrupción en Yopal.

La denuncia la presentó formalmente el Contralor Departamental de Casanare, Cipriano Castro Medina, ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, Contraloría General y la Corte Suprema de Justicia señalando a los implicados de cohecho, peculado, celebración indebida de contratos, concierto para delinquir y lavado de activos.

En el video que fue suministrado de forma anónima, el contratista Nelson Javier Suescún expone la consecución de los recursos por 85 mil millones de pesos, con un fondo suizo, dinero dentro del que se contempló la repartición de las coimas, cuya explicación de los porcentajes para cada uno, la hace en un tablero señalando que serían distribuidas así: Para el Alcalde Luis Eduardo Castro: 5% del valor del contrato, es decir, 3.5 millones de dólares, aproximadamente 20 mil millones de pesos.  Para el Representante a la Cámara Hugo Alfonso Archila: 1.5%, aproximadamente 2 millones de dólares, es decir 9 mil 700 millones de pesos. Para el Gerente de la EAAAY, Jairo Bossuet Pérez: 1.5%, aproximadamente 2 millones de dólares. Para el ex jurídico de la EAAAY Manolo Pérez: 1.5%, aproximadamente 2 millones de dólares y otro tanto para futuras comisiones que se requieran dentro del proyecto.

El video, no solo dio a conocer la supuesta repartija de coimas, sino que también Nelson Suescún reveló detalles que no habían sido conocidos hasta el momento, por ejemplo, que en realidad el costo de la Planta de Tratamiento contratada con la firma KWI tiene un costo de 4 millones de dólares, pero que en la minuta del informe podría estar sustentada en 19 millones de dólares.

En otra sección del video, según la denuncia del Contralor Cipriano Mosquera se señala que el terreno donde se construiría la PTAR, sería un negocio del gerente de la EAAAY.

Igualmente indica Suescún en el video, que el contrato no pagó estampillas de legalización y por eso fue presentado como un contrato de consultoría, además no contempla interventoría y las pólizas están discriminadas por componentes.