Cuestionamientos a la Asociación Colombiana del Petróleo hizo el alcalde de Paz de Ariporo, Edgar Bejarano, y dijo que se ha opuesto a la reunión solicitada en tres ocasiones con las operadoras para discutir los inconvenientes que genera la exploración y explotación petrolera.

La entidad siempre se atraviesa para impedir que se concrete el encuentro con los directivos de las compañías que realizan sísmica y extraen el hidrocarburo, enfatizó.

Manifestó que deben responder por el impacto ambiental, la inversión social, contratación de bienes y servicios y empleo.

Por su parte el presidente de la ACP Alejandro Martínez, en una entrevista en el periódico Llano 7 días de la casa editorial El Tiempo, dijo frente a las quejas y los reparos de las regiones -como Meta y Casanare- que el problema tiene su origen en el cambio en la distribución de las regalías petroleras y por eso cree que las prioridades de desarrollo de las inversiones y del régimen de regalías se deben tocar para mejorar la gobernabilidad.

“Se requiere mejorar todo el análisis que se hace en el Ministerio del Interior para identificar problemáticas y prevenir que se presenten conflictos. Por eso hay que tener una especie de observatorio en donde se den las alertas tempranas”, dijo Martínez.

Advirtió que la gente en las regiones petroleras no ha sido suficientemente informada por el Gobierno y por las compañías sobre lo que está haciendo el sector y sobre sus beneficios.

Frente a los efectos de la sísmica en el medio ambiente, dijo que no es cierto que no haya reglamentación o una baja exigencia desde el punto de vista ambiental para hacerla.

Aclaró que si se les exige licencia ambiental para hacer sísmica, lo que va a pasar es que el proceso dure mucho más, lo que implicaría suspender toda la actividad exploratoria por lo menos unos tres años, mientras se logran las licencias.

“Ahí ha habido desinformación del sector y hago un mea culpa por no haber informado adecuadamente y a tiempo a las comunidades. Estas creen que la sísmica acaba el agua y hay que explicarles que no es por el petróleo ni por la sísmica que se les está acabando o disminuyendo los niveles de agua”, sostuvo Martínez.

Insisitió en que la idea es llevar a los especialistas de las más prestigiosas empresas para que le expliquen a la gente cuál es el impacto de la sísmica, porque esta no genera impacto. "Estamos en mora de ir y explicar en los Llanos esa situación", manifestó.

Reiteró que en la medida en que se encuentre petróleo y se pueda sacar agua, de esos yacimientos, esta podría ser una fuente de suministro en la media en que se requiera, pues puede servir para riego.

Sobre las consultas populares para definir si la comunidad acepta o no la actividad petrolera, dijo que entiende que haya una gran preocupación, pero que no es solo por culpa del sector petrolero.

“Hay que explicarles a las comunidades que es muy complicado que en el país proliferen las consultas populares sobre políticas de interés nacional, porque eso causa un fracturamiento y una inestabilidad hacia el futuro. La política petrolera va a depender de vereda en vereda o de municipio en municipio y así va a ser muy difícil para los empresarios y para el Gobierno la toma de decisiones”, indicó Martínez.

Sobre la clave para que los ingresos sean suficientes, dijo que el sector petrolero tendría que producir 1’100.000 barriles diarios y eso implica tener al menos un nivel de 190 pozos exploratorios al año y que si no cuenta con ese indicador, la plata del Gobierno nacional no alcanzará para financiar el presupuesto de ingresos y de inversiones.

"Llegar a 190 pozos es un reto principal, el año pasado llegamos a 115, teníamos programado perforar 206 y solo se pudo 115. La inversión extranjera en el sector petrolero se disminuyó en un 9% frente al 2012.

Por último, dijo que las compañías petroleras dicen que en los últimos dos años no han podido ejecutar el presupuesto y argumentaron tres inconvenientes.

Uno el tema de demoras e incertidumbres para el otorgamiento de las licencias ambientales. El segundo tiene que ver con los ataques terroristas contra los oleoductos y la infraestructura petrolera y el tercero son los bloqueos y la congestión social que se está presentando.