La Contraloría Departamental de Casanare reveló los resultados del informe de Auditoría Especial practicada a la Alcaldía de Aguazul, respecto a las vigencias 2015 – 2016, encontrando hallazgos de tipo fiscal, que ascienden a los 6.726 millones de pesos, que en su gran mayoría obedecen a gestión fiscal ineficiente e ineficaz.
La entidad determinó 25 hallazgos de tipo administrativo, que representan el 45% del total de hallazgos, 20 disciplinarios que equivalen al 38%, 8 fiscales que corresponden al 15%, y uno penal correspondiente al 2%.
Resumen de HallazgosDentro de los hallazgos fiscales más representativos se encuentran el correspondiente a gestión Ineficiente e Ineficaz, por destinación indebida de recursos y reparación del daño, por valor de $4.366.880.134, relacionados con el pago de una indemnización por parte de la compañía “Seguros Cóndor” al municipio de Aguazul, por el siniestro de estabilidad de la obra en la construcción de la ciudadela “La Esperanza”.
El reproche se concentra en como la Administración Municipal, una vez incorporado los recursos a las cuentas del municipio, no realizó inversiones para reparar los problemas más representativos en las estructuras, teniendo en cuenta que ya se conocía los conceptos técnicos emitidos por expertos y con los cuales se reclamó la indemnización, pero fueron asignados a sectores distintos y no para los cuales se destinaron.
Así mismo, en el contrato No. 916A de 2015 cuyo objeto consistía en “Adquisición de material pedagógico integrado (impreso), para el desarrollo de estrategias que conlleven al rendimiento académico y a la formación de ciudadanos sólidos en principios y valores sobre los educandos de las instituciones educativas oficiales del municipio de Aguazul Casanare. en función de fortalecer el procedimiento de acceso y calidad educativa”.
Se estableció el afán de una compra, sin la correcta planeación con las instituciones educativas, toda vez que el calendario académico ya había finalizado y la comunidad educativa del Municipio se encontraba en receso; revelando que a los rectores de las Instituciones Educativas no se les concertó sobre necesidad de la compra del material pedagógico, la utilidad para la población estudiantil y educadores, puesto que son ellos, quienes poseen el criterio suficiente, y son conocedores de los respectivos requerimientos de los estudiantes y de los centros educativos que lideran, no obstante, a la fecha de la visita, se evidenció que no fueron utilizados, y no han cumplido con la misión para lo cual fueron adquiridos supliendo la necesidad prevista, por lo tanto, se determinó un daño patrimonial al Estado por valor de $504.048.000.
Otra de las “perlitas” encontradas en la Auditoría Especial tiene relación con el contrato 459 de 2015 cuyo objeto consistía en “Realizar los estudios de diagnóstico estructural, revisión y análisis de vulnerabilidad sísmica, patologías, estudios de suelos y diseño de reforzamiento estructural de (20) torres de la Ciudadela La Esperanza del municipio de Aguazul, departamento de Casanare”, por valor de $ 449.990.205.
Según el Órgano de Control no se evidencian las soluciones que permitan dirimirlas y de esta manera cumplir con la necesidad planteada en dicha consultoría; teniendo en cuenta que las obras realizadas en la Ciudadela La Esperanza han ocasionado fallas, que ponen en riesgo inminente a la integridad de las personas, que allí lo habitan; máxime cuando los resultados reprochados fueron la causa para el pago por la estabilidad de la obra por la compañía de seguros, mal haría la Administración desconocer los fundamentos que dieron origen a la declaratoria de responsabilidad, por la estabilidad de la obra y que para la situación ya discutida se tornaban inoportunos, por lo que se determinó un hallazgo fiscal por el valor total del contrato.
En el contrato 592 de 2016 que tenía por objeto la “Adquisición de un vehículo de traslado asistencial básico (ambulancia tab), para aumentar la capacidad de reacción, la atención de emergencias, por parte del comité de gestión del riesgo del municipio de Aguazul”, se encontraron evidentes fallas en que incurrió el Municipio al momento de planear la celebración de dicho contrato, pues se incurrió en una conducta que atentó contra el patrimonio, al fijar un presupuesto por encima de los precios reales del mercado, basado en cotizaciones expedidas por empresas cuya actividad social no guardaban relación con el objeto a contratar, y sí ocasionaron un presupuesto oficial indebido, desfavorable e inconveniente.
Los demás hallazgos establecidos reflejan también gestión ineficiente, ineficaz y antieconómica, por no satisfacción de la necesidad, vulneración de la austeridad en el gasto, inversión de recursos en actividades innecesarias, falta de soportes de ejecución y obras no ejecutadas.
La administración municipal tuvo la oportunidad de ejercer el derecho a la defensa para clarificar las observaciones citadas en el informe preliminar y con base en las respuestas, se establecieron los hallazgos.