El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, confirmó en grado de consulta un fallo con responsabilidad fiscal por $521 millones de pesos contra los exgobernadores del departamento de Arauca, Julio Enrique Acosta Bernal y Fredy Forero Requiniva, y los Secretarios de Educación Departamental de las vigencias 2007 y 2008, José Rafael Zúñiga Castañeda y Jesús Hernando Garrido Boscan.

El fallo tiene como fundamento el daño causado a los recursos del Sistema General de Participaciones SGP, sector educación del Departamento de Arauca, vigencias 2007 y 2008, al cancelarse a instituciones educativas privadas contratadas por la Gobernación matrículas de 441 alumnos a pesar de que éstos tenían matrícula oficial en colegios públicos.

La responsabilidad fiscal endilgada se encuentra circunscrita de manera puntual a la duplicidad de alumnos que fueron atendidos por los establecimientos educativos privados, pese a estar con matrícula oficial, generándose un gasto inocuo y por lo tanto lesivo a los intereses patrimoniales del Estado.

Se ocasionó un daño patrimonial al suscribir los contratos de prestación del servicio educativo con establecimientos de carácter privado sin los correspondientes estudios que se exigían sobre la insuficiencia en los establecimientos educativos del Departamento de Arauca.

Además, por realizar el proceso contractual sin contar con los respectivos soportes sobre la necesidad de una contratación privada, que reflejaran la planeación de cobertura y la proyección de cupos, como lo determinan la Ley y los reglamentos expedidos, regulatorios de la materia.

De otra parte, se hizo énfasis durante el transcurso la actuación fiscal que los hechos generadores del daño patrimonial no se fundamentaron en el incumplimiento de los contratos de prestación del servicio educativo, sino en que un número significativo de alumnos fueron atendidos por establecimientos educativos privados, pese a estar con matrícula oficial, hecho comprobado, verificado y constatado mediante prueba técnica que evidencia el daño al patrimonio público.

El Despacho del Contralor General de la República confirmó también la declaratoria como tercero civilmente responsable de la compañía de seguros La Previsora S.A.
Contra esta providencia no procede recurso alguno.