Para el profesor Óscar Suárez, director de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Orinoquia, la frontera debe ser atendida por los Gobiernos nacionales en temas de buena voluntad y ser acompañadas por organizaciones internacionales como la ONU.

“Desde hace cuatro años el Observatorio de Frontera, Territorio y Paz ha acompañado los temas de migración en la zona fronteriza y de incidencia de la Sede, porque no solo es Arauca, también Guainía y Vichada”, subrayó.

Al respecto, Iván Jiménez, coordinador adjunto del Programa Emergencia y Estabilización de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), revela que la pandemia ha generado brotes xenófobos en una zona donde las comunidades se organizan más allá de los límites políticos o administrativos de los países.

Recuerda además que, “según Migración Colombia, en Arauca hay cerca de 44.100 ciudadanos venezolanos y la pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas como la resiliencia de la sociedad. Arauca comparte cerca de 400 km de frontera con Venezuela, que históricamente ha sido imperceptible”.

En materia de salud, el coordinador Jiménez dice que “al compartir una frontera tan amplia y diversa el reto es trabajar en la política de salud, que, aunque se ha avanzado en acceso primario de migrantes venezolanos hay que fortalecer acciones entre los sistemas de salud, las redes de vigilancia epidemiológica, el monitoreo constante para identificar los vacíos en la respuesta y propender por acceso a servicios integrales indistintamente de cómo se vean o quienes sean”.

Acción multilateral

Durante el conversatorio “Acercamientos al fenómeno migratorio en Arauca en tiempos de pandemia por COVID-19”, organizado por la Red Paz y el Observatorio de Frontera, Territorio y Paz de la UNAL, Nancy Murcia, asistente de protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Arauca, expone que la entidad, con más de una década de experiencia en ese territorio, ha observado que en el contexto de la pandemia se han agudizado comportamientos xenófobos y aporofóbicos contra la población venezolana.

“Por la crisis, esta población ha sido arbitrariamente señalada de causar los problemas económicos colombianos; el estigma frena la protección de los derechos humanos, porque tienen temor por su vida; en las similitudes –como la cultura– es en las que se debe buscar convivencia en el territorio”, advierte.

Agrega que “lo que se le puede sugerir al Estado es hacer una rendición de cuentas y revisar qué se puede corregir, porque la emergencia por COVID-19 y la ola migratoria de población venezolana no tiene una fecha de terminación”.

Su otra recomendación es aprovechar la virtualidad para agilizar los procesos de afiliación al sistema subsidiado de salud y mejorar la infraestructura de centros de salud para fortalecer la atención especializada y en salud mental.

Sobre este tema, una de las apuestas de la Defensoría del Pueblo Regional Arauca, según Zina Tavera Santana, delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana de la entidad, es apostarle a la interacción local para reconstruir el tejido social y los lazos de hermandad.

Señala además que “la primera barrera es la falta de documentación para acceder a servicios, por lo que la acción más inmediata es ver cómo documentar a los migrantes para que accedan de forma efectiva a los derechos humanos”.

Por su parte el doctor Carlos Alberto Agudelo, director del Instituto de Salud Pública de la UNAL, señala que Arauca y la Orinoquia constituyen un eje fronterizo muy importante en el cual se han generado problemas políticos, económicos y culturales que involucran a las gobernaciones, las alcaldías y comprometen la política nacional para atender las necesidades de la región.

Para el investigador, “que se haya abierto la Maestría en Salud Pública en la UNAL Sede Orinoquia nos permitirá desarrollar una línea de investigación denominada ‘salud, migración y fronteras’ con una cantidad enorme de temas que se deben analizar para buscar soluciones”.