Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia al gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, como presunto responsable de irregularidades detectadas en un contrato relacionado con el Plan de Alimentación Escolar (PAE).

Los hechos investigados están relacionados con la modificación al contrato de prestación de servicios N°469 de diciembre de 2019, suscrito con la unión temporal ‘Alimentar Arauca’, cuyo objeto era garantizar el servicio de alimentación en los colegios oficiales priorizados.

El 23 de abril de 2020, el entonces mandatario acudió a una medida permitida con ocasión de la emergencia sanitaria por el Covid – 19. Cambió el tipo de ración de “preparada en sitio” por “preparada en casa” y fijó la entrega de una canasta básica de alimentos que equivaldría 20 raciones para cada niño, por un valor de $105.800.

De esta manera, la Gobernación de Arauca pretendía llegar a 18.036 beneficiarios. El material de prueba da cuenta de inconsistencias en el trámite y la celebración del contrato de modificación.

Al parecer, se usaron tres cotizaciones para cumplir con un requisito, pero no existió un estudio de mercado real para definir el costo del componente alimentario. Adicionalmente, los peritos contables del CTI detectaron un posible sobrecosto por $860’975.373, entre otras posibles anomalías.

En ese sentido, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó al mandatario los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

Actualmente, el señor Castillo Cisneros se encuentra privado de la libertad en centro carcelario y fue acusado por, supuestamente, entregar la contratación de Arauca a integrantes del frente Domingo Laín Sáenz del ELN. Asimismo, hay más líneas investigativas por otras aparentes irregularidades en el manejo de los recursos públicos del departamento.