La Defensoría del Pueblo solicitó a todas las instituciones del Estado hacer presencia y garantizar los derechos de la comunidad de la vereda Siberia 1, en Tame, Arauca, porque quedó en medio de los enfrentamientos entre el ELN y una facción disidente de las Farc. 

Una misión humanitaria de la entidad, conformada por funcionarios de su Regional Arauca y representantes de la Misión de Verificación de la ONU, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Iglesia Católica, evidenció en el lugar la grave afectación a los derechos humanos de familias campesinas y de la comunidad indígena del resguardo La Esperanza.

Los combates tienen inmerso en un ambiente de permanente temor y zozobra a los habitantes del sector. Hay cuerpos sin vida de combatientes cuyo proceso de levantamiento está en manos de las autoridades.

La población está con restricciones a la movilidad, limitaciones al acceso a la educación y actividades tradicionales, desabastecimiento de alimentos, sin energía eléctrica, tampoco cuenta con agua potable. Además, la misión constató daños en viviendas y bienes y encontró artefactos sin explotar, que la fuerza pública adelanta el proceso de desactivación.

Toda esta situación contraría el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y vulnera los derechos de quienes viven en la zona donde tienen lugar las hostilidades, razón por la que las autoridades deben atender la compleja situación de derechos humanos, implementar acciones urgentes y eficaces que permitan la activación de rutas de atención y protección, necesarias para salvaguardar los derechos de la comunidad.

Los riesgos advertidos por la Defensoría

Días atrás, la Defensoría solicitó a la institucionalidad atender la crítica situación, también agravada por el conflicto entre actores armados al margen de la ley, en Puerto Rondón (Arauca), pues cerca de 280 familias debieron confinarse en el sector conocido como Marreros, varias de ellas en centros educativos y casas comunales, y poco más de 180 se vieron obligadas a emprender un desplazamiento masivo interveredal.

A través de las Alertas Tempranas 023 del 2021, emitida para Puerto Rondón y Cravo Norte, y 011 del 2023, para Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul y Tame, la institución nacional garante de los derechos humanos advirtió los graves riesgos para la población civil a causa de la confrontación entre los actores armados ilegales.

La Defensoría del Pueblo reitera el llamado a los grupos armados en conflicto a cesar todas las acciones que puedan afectar a la población civil, a dejarla por fuera del conflicto y a mostrar gestos de paz.