La Corte Suprema de Justicia emitió una orden de captura contra Gustavo Puentes, exrepresentante a la Cámara por Boyacá del partido Cambio Radical, tras hallarlo culpable de irregularidades en el manejo de bienes incautados por la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).

El ex congresista fue sentenciado a una pena de cinco años y siete meses de prisión por el delito de tráfico de influencias, aprovechando su posición para beneficiar a terceros.

Durante sus periodos como representante a la Cámara por el Departamento de Boyacá (2006 – 2010 y 2010 – 2014), Puentes fue acusado de utilizar indebidamente su influencia para favorecer a Tomás Alfonso Zambrano Avella y Eduardo Salcedo Velosa, logrando que fueran designados como depositarios de la Inmunizadora de Maderas del Oriente (I.M.O.). A cambio, recibió beneficios económicos que fueron utilizados en su campaña electoral.

El fallo detalló cómo Puentes se valió de su cargo para interactuar con Carlos Salvador Albornoz Guerrero y Omar Adolfo Figueroa Reyes, altos funcionarios de la DNE, con el objetivo de obtener ventajas indebidas. La Corte Suprema también negó la posibilidad de conceder prisión domiciliaria al ex congresista, argumentando que no cumple con los requisitos necesarios para tal medida.

La decisión de la Corte Suprema subraya la importancia de la lucha contra la corrupción en Colombia, especialmente en casos que involucran el manejo indebido de bienes incautados en operaciones contra el narcotráfico. La negativa a conceder prisión domiciliaria refleja el compromiso del tribunal con imponer sanciones firmes contra aquellos que abusan de su poder y posición.

Este caso resalta los desafíos en la administración y custodia de los bienes incautados por la DNE, un tema de larga data en el país. La captura de Puentes envía un mensaje claro sobre las consecuencias de utilizar cargos públicos para beneficio personal y el de terceros, comprometiendo la integridad de las instituciones estatales y la confianza pública.

Se espera que este fallo contribuya a fortalecer las medidas de vigilancia y control sobre los bienes incautados, asegurando que estos sean administrados de manera transparente y en beneficio de la sociedad.