Por Norbey Quevedo H. Elespectador.com

Hace ocho meses, cuando apenas tomaba las riendas del Ministerio de Vivienda y le daba las primeras puntadas al proyecto de 100.000 viviendas gratuitas, al ministro Germán Vargas Lleras se le atravesó en el camino el anuncio de la Procuraduría de una investigación en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo. Días después la Corte Suprema de Justicia se sumó y abrió indagación preliminar. Hoy, las pesquisas de la justicia siguen apuntando a un extraño entramado de instigadores y testigos falsos con un candente trasfondo político de disputa por el poder.

Al activarse las averiguaciones judiciales, el testimonio más comprometedor para Vargas Lleras era la declaración del ganadero y caballista del Casanare Carlos Gabriel López, quien aseguró a la Corte que entre 2001 y 2002, en una manga de coleo situada al oriente de Yopal, vio al entonces senador departiendo con Néstor Ramón Caro, un teniente (r) del Ejército involucrado en el narcotráfico y extraditado a Estados Unidos en febrero de 2011. Este sinuoso personaje ya lo desmintió y dejó entrever por qué quieren relacionarlo.

Hasta una cárcel de Atlanta (Estados Unidos), donde permanece purgando una condena de 40 meses de prisión por narcotráfico, se desplazaron investigadores de la Corte y oyeron de viva voz a Néstor Caro. Al ser interrogado por sus relaciones con Vargas Lleras, literalmente contestó: “Nunca estuve en un acto público del doctor Vargas Lleras en Casanare ni en Bogotá ni en ningún lugar de Colombia”. Y después agregó: “Nunca le he dado la mano (...) no tengo que tener tres dedos de frente para creer que están tratando de ensuciarlo”.



Néstor Ramón Caro, un ganadero del Casanare que decidió dedicarse al narcotráfico, estuvo a punto de colarse en el proceso de paz del gobierno Uribe con las autodefensas. El supuesto beneficiario del extinto DAS, que llegó a borrar sus antecedentes ilegales, accedió a contestar sobre el caso Vargas. Según él, no lo hizo presionado, sino a solicitud del gobierno americano y porque, cuando concluya su condena, quiere volver a Colombia. Su declaración contextualiza qué pasó en la región antes y después del escándalo de la parapolítica.

El testigo confirmó que el detenido jefe paramilitar Héctor Buitrago, alias Martín Llanos, sí ejercía actividades en favor de determinados candidatos, al tiempo que cobraba a los productores de la región por cada hectárea sembrada o por cabezas de ganado. Unos y otros tenían que entrevistarse con él. “Allá iba uno voluntariamente obligado (...), había que ir a las buenas o a las malas (...), en temas de votación era lo que él ordenara”. Después los candidatos salían a pregonar que ya tenían autorización para trabajar en sus respectivas campañas.

En ese panorama, Néstor Caro explicó que lo mejor era tratar de ir a donde Martín Llanos a las buenas. Y luego indicó que, por ejemplo, su padre, Néstor Caro Martínez, un excorresponsal de El Espectador en los años 70 y líder de la región, se negó a pagar unas extorsiones y lo asesinaron en 2003 en el municipio de Villanueva. Primero le quemaron una finca y de eso quedó una denuncia. Como se negó a pagar, después lo asesinaron en un establecimiento comercial. “Los capturados por el asesinato pertenecían a las filas de Martín Llanos y ellos lo reconocieron”.

Interrogado por nombres de políticos, el testigo aclaró en plural que apoyaron a Miguel Ángel Pérez a la Gobernación y a los candidatos de siempre de la región entre 1995 y 2003, es decir, Óscar Wilches, Efrén Hernández y Javier Vargas. “Siempre eran los candidatos a la Cámara, pero solamente se podía sacar uno, entonces era una rivalidad entre ellos. Después de la contienda, el uno abrazaba al otro y así (...) Todos eramos amigos de infancia, amigos del colegio (...) teníamos nexos con políticos porque somos criados en la región”.

Ante la insistencia de por qué el testigo Carlos López lo relacionó entonces con Vargas Lleras, contestó: “Estoy casi seguro de que es por la guerra que lidera Álvaro Uribe con el movimiento Cambio Radical que se originan estas cosas”. En cuanto al comentario de López de que le alquiló a Caro 20 caballos para hacer un recibimiento a Vargas en Villanueva, el testigo expresó que su papá sí hacía cabalgatas en el pueblo por cualquier cosa, pero que con Vargas jamás, pues él se ufanaba de cada político que conocía y de éste nunca le comentó.

Finalmente, el extraditado narcotraficante Néstor Ramón Caro, quien en el curso de la diligencia judicial recalcó su disposición a colaborar con la justicia porque está a punto de terminar su condena en una cárcel de Atlanta (Estados Unidos), expresó que con la convicción de que sus palabras se hicieron bajo la gravedad del juramento y pueden repercutir en su contra, está dispuesto a testificar frente al mismo Carlos Gabriel López Chaparro para desmentirlo y desvincularse, él y otros afectados, del que llamó “un escándalo mediático”.

Un escándalo que, sumado a los coletazos de la parapolítica, desde 2007 tiene en ascuas a la clase política del Casanare y tras las rejas al menos a diez dirigentes del departamento. Entre ellos a Milton Álvarez Alfonso, exdiputado del Casanare y exalcalde de Tauramena entre 1998 y 2001. Su hermano Javier, también exalcalde del mismo municipio entre 2007 y 2011, aunque está , afronta un proceso penal por idéntico tema: presuntos nexos con el paramilitarismo. En ambos casos, el denominador común es el mismo acusador: Carlos López.

En la edición del domingo 16 de septiembre de 2012, El Espectador dio cuenta de la andanada judicial de López contra los hermanos Álvarez a partir de 2007, luego de que el candidato de sus preferencias y financiamiento, Gabriel Leonardo Mendoza, perdiera las elecciones en Tauramena. Un alud de denuncias ante el DAS, la Fiscalía, la Procuraduría y la Presidencia, acompañado de numerosos testigos, algunos de los cuales poco a poco se fueron retractando y señalando a López de haberles ofrecido dádivas para enlodar a los Álvarez.

En el mismo texto quedó reseñado cómo el ganadero Carlos Gabriel López le pidió a su amigo Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, que le hiciera llegar al entonces primer mandatario copias de sus acusaciones contra los Álvarez. Paradójicamente, días antes, cuando se iniciaron las pesquisas en su contra, el ministro Germán Vargas Lleras acusó a Santiago Uribe de estar detrás de un complot para desprestigiarlo e incluso dejó entrever que había existido una colecta para comprar falsos testigos.

Aunque Vargas Lleras concretó sus señalamientos a través de una denuncia formal ante la Fiscalía cuyos avances se desconocen, y Santiago Uribe Vélez públicamente negó las imputaciones en su contra, lo que sí se ha movido intensamente es el proceso contra el exalcalde de Tauramena Milton Álvarez. En la actualidad se adelanta el juicio en Yopal (Casanare) y la demostración de que los casos están de alguna manera conectados es que los nombres de Germán Vargas Lleras y Carlos Gabriel López han salido a relucir con frecuencia.

Es el caso del testigo John Alexánder Camacho, alias Barbas —un exparamilitar de las huestes de Martín Llanos— quien compareció el pasado 14 de enero ante el Juzgado Único Penal del Circuito de Yopal y aseguró que estando en la cárcel de Acacías (Meta) y luego en La Picota de Bogotá, le llegó una razón directa de su superior en las autodefensas, José Darío Orjuela, alias Solín, para que declarara contra Milton Álvarez. El mensaje llevaba un atractivo implícito: por acusarlo hasta de homicidios iba a recibir dinero de Carlos López.

Camacho aseguró que, contrario a lo que declaró antes por dinero, no le constan reuniones o vínculos de Milton Álvarez con las autodefensas. Y luego agregó que alias Solín, junto a otros exparamilitares, estaba “armando un complot para dañar carreras políticas de personas que fueron diputados, alcaldes o gobernadores”. La primera versión, aclaró Camacho, se la pasaron unos policías de la Dijín para que la firmara y en adelante todas las versiones en contra de los hermanos Álvarez las hizo obligado por Solín y por Carlos López.

En medio de su declaración, el juez aprovechó para preguntarle si en los últimos meses había sido contactado por miembros de las autodefensas para declarar contra un político de nombre Germán Vargas Lleras. El testigo John Alexánder Camacho, quien durante sus años en la guerra obró a órdenes del comandante HK, contestó: “La verdad, sí, doctor, fui contactado por Solín, quien me dijo que si yo le colaboraba a embalar a Germán Vargas Lleras, dejábamos el problema de Milton Álvarez a un lado y no iban a atentar contra mi vida”.

Camacho agregó que él no sabía nada de ese señor Vargas Lleras y que Solín respondió: “Usted no se preocupe, Barbas, que yo le cuadro eso, le digo qué tiene que decir y tranquilo que lo van a remunerar muy bien con un buen dinero. Me dijo que la cosa era seria, ya que era con ese señor Carlos López , la misma persona del problema con el señor Milton Álvarez”. El juez le preguntó si sabía de otras personas contactadas con el mismo fin, y el testigo aclaró: “Sé que hay otros que van a declarar en contra de este señor Germán Vargas, exmiembros de las Acc del Casanare”.

Al terminar su declaración, Camacho pidió que no lo fueran a sacar de La Picota en Bogotá, porque lo iban a asesinar. La delegada de la Procuraduría intervino para advertir que ante la gravedad de lo relatado por el testigo era necesario compulsar copias para abrir investigaciones. No obstante, aclaró que el Ministerio Público desistía de la comparecencia a declarar de Carlos Gabriel López, de un tal Jorge Barrera y del mismísimo Martín Llanos, porque a pesar de la insistencia de la Procuraduría, los tres habían sido renuentes a declarar.

Sin embargo, Barbas no ha sido el único testigo contra Carlos López. Otro exparamilitar, Carlos Guzmán Daza, alias Salomón, compareció en el mismo juicio y reveló que cuando él denunció a varios políticos de la región, a través de la Dijín lo visitó en su casa, donde estaba protegido, el ganadero Carlos López. El propósito: proponerle que lo hiciera también contra Javier Álvarez. Y le explicó que su propósito era tumbarlo porque tenía un proyecto con Santiago Uribe para darle manejo a la elección posterior de alcaldes.

El testigo agregó que varias veces lo visitó con la misma propuesta, haciendo alarde de su supuesta amistad con Santiago Uribe, al punto de que en muchas ocasiones sacaba el teléfono y decía que hablaba con personalidades de la Casa de Nariño. Guzmán agregó que pudo observar cómo López ejercía “una especie de control o hegemonía sobre los policías que andaban con él y que realizaban las entrevistas. Un comentario parecido al de por lo menos nueve testigos más que ratificaron el complot de López con dos policías de la Dijín.

Uno de los testigos fue el mayor (r) del Ejército Álvaro John Malaver, quien hacia 2009 ayudó a López a constituir la empresa de vigilancia Proyectar Seguridad Ltda., para operar en dos minas de su propiedad. Malaver, en declaración extrajuicio, ya había dicho que López se reunió con periodistas e investigadores de la Fiscalía para desprestigiar a los Álvarez. Esta vez compareció ante el juzgado de Yopal para referir que allegados de López habían ido a su casa y lo habían golpeado, culpándolo de ser la fuente de El Espectador.

Por estos días, tras la destitución del gobernador del Casanare Nelson Mariño por líos de contratación, a raíz del juicio al exalcalde de Tauramena Milton Álvarez, la política arde en el Casanare. No obstante, en círculos judiciales prevalece el hermetismo. El Espectador constató que hace una semana Carlos López debía comparecer ante la Fiscalía y no lo hizo. Es la cuarta citación que no acata. Lo mismo que ha sucedido con Martín Llanos, quien ha dicho que mientras no esté en Justicia y Paz no va a hablar. En cuanto a Vargas Lleras, sigue esperando justicia.

Dos policías de la Dijín en las vueltas de López

En medio de la controversia por la red de dudosos testigos, al parecer inducidos o pagados por Carlos López, en sus retractaciones se advierte un elemento común: la presencia de dos policías de la Dijín participando en la presunta fabricación de testimonios o entrega de dineros.

Se trata de los investigadores Franklin Márquez y Javier Gaona, referenciados como los personajes que siempre apoyaron a López en su andanada judicial contra Milton y Javier Álvarez. Por ejemplo, el testigo Nelson Gómez los recordó como los que le dijeron que ellos hacían todo, que sólo firmara.

En otro aparte de su declaración, Gómez expresó que los dos funcionarios de Policía Judicial siempre iban con Carlos López. “Eran como hermanos, uña y mugre, se reunían cada rato. Martha García los referenció como los que le entregaron en cuatro oportunidades más de $2 millones.

Otro testigo, Carlos Guzmán, también coincide en que dos policías andaban con López y le obedecían todo lo que ordenaba. “Él ejercía una especie de control o hegemonía sobre ellos”. Realizaban las entrevistas. Además, dijo que uno de ellos lo conocía porque pertenecía a la Fiscalía Anticorrupción.

Argumentos del ganadero Carlos López

En comunicación escrita dirigida a El Espectador, el ganadero Carlos López explicó frente al caso del ministro Germán Vargas Lleras que: “Nunca el suscrito ha sido parte de una organización, grupo o estructura tendiente a armar un complot , maniobra o maquinación que busque el desprestigio de ninguna persona”. Según López, nunca ha sido sindicado de delito alguno y tan sólo ha entablado una denuncia ante la Fiscalía, la cual fue en contra de los hermanos Milton y Javier Álvarez, porque atentaron contra su vida y por eso están respondiendo en juicio en Yopal (Casanare).

Frente al auxilio al candidato a la Alcaldía de Tauramena, Gabriel Mendoza, reconoció que lo apoyó, pero no fue financiador. En cuanto a la aparición del nombre de Santiago Uribe Vélez en el caso, López dijo que nunca aseveró que éste fuera colaborador de la campaña de Mendoza.

LA HISTORIA JUDICIAL DE NESTOR RAMÓN CARO

Néstor Caro, un extraditable que se paseaba como Pedro por su casa en el DAS, es el hombre clave de la infiltración paramilitar en ese organismo.

NÉSTOR RAMÓN CARO CHAPARRO, teniente retirado del Ejército, tenía reservado un tratamiento VIP en la sede del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Estaba exento de anuncios y antesalas y cuando iba a visitar sus dependencias gozaba de prelación en todos los trámites que solicitara. Eso lo sabían bien los funcionarios que en tres ocasiones, entre 2002 y 2004, le expidieron certificados judiciales y que jamás le hicieron aguardar más de 12 minutos para entregarle el documento, mientras que las personas que se agolpaban en las filas externas madrugaban y se sometían a esperas de hasta ocho horas.

Los privilegios y contemplaciones para él se mantuvieron incluso después de que la Fiscalía le libró, el 29 de marzo de 2004, una orden de captura con fines de extradición para que compareciera en juicio ante la Corte de Estados Unidos, Distrito Este de Nueva York, que lo requería por narcotráfico y lavado de dinero.

Cuando eso ocurrió, y mientras la Policía y otros organismos de seguridad lo buscaban, sus contactos en el DAS le expidieron el documento "a distancia". De hecho, el 10 de mayo de 2004 -41 días después de que la Fiscalía impartió la orden- le imprimieron un nuevo certificado y lo eximieron de la toma de huellas digitales y de los registros fotográficos. Lo hicieron pese a que las normas legales exigen que los trámites para la expedición del certificado judicial deben ser hechos personalmente por el interesado.

Todo esto fue corroborado por una auditoría a los sistemas de información sobre ingreso y salida de personas, ordenada por la Fiscalía, en enero de 2005, a raíz de un escándalo fugaz que trascendió a los medios de comunicación cuando funcionarios judiciales encontraron que servidores del DAS se prestaron para borrar antecedentes a extraditables y narcotraficantes.

De acuerdo con el documento, cuando el 22 de junio de 2004 la Policía y la DEA le preguntaban al DAS por información sobre Caro -señalado entonces como un narcotraficante oriundo de Yopal, Casanare, y ligado al cartel de los Llanos-, esos mismos contactos decidieron borrar toda huella de él. Con ese propósito, suprimieron de la base de datos todos los registros a su nombre, incluidos tanto los judiciales como los migratorios.

Pero quedó rastro...

La operación de borrado fue completa pero torpe a la vez. Abolió todos los registros migratorios que contenían información sobre 34 viajes al exterior, pero como el sistema recibió la orden de supresión a partir del número de cédula del extraditable y no de su nombre, extinguió también los datos correspondientes al ciudadano Martín Torrealba Rico, cuyo número de pasaporte coincidía exactamente con el de la cédula de Caro: 80.416.211.

La supresión de los registros migratorios pretendía, según las investigaciones de la Fiscalía, borrar la huella de viajes a Estados Unidos, España y Brasil, principalmente, donde según la Corte de Distrito de Nueva York, recibió personalmente pagos de embarque de drogas e inició operaciones de lavado para ocultar los réditos de sus acciones clandestinas e ilegales. Para todos los efectos, el nombre de Caro fue cambiado en las bases de datos por el de María Quinta Pérez, con el documento número 109426730.

DESPUÉS DE QUE LA FISCALÍA LIBRÓ LA ORDEN DE CAPTURA, EXPEDÍA A CARO EL CERTIFICADO JUDICIAL A DISTANCIA.

"Teniendo en cuenta que la identidad de Néstor Ramón Caro Chaparro fue modificada por la de María Quinta Pérez en la tabla per-persona del DAS y observando el anterior registro de visitantes se establece que efectivamente el 23/05/03 Néstor Ramón Caro Chaparro sí ingresó en varias ocasiones al DAS para efectuar el trámite de certificado judicial", dice uno de los apartes del informe de auditoría ordenado por la Fiscalía.

Esta historia, inédita hasta hoy en cuanto a sus detalles, cobra actualidad a raíz de la mención que del nombre de Néstor Ramón Caro ha hecho en sus más recientes declaraciones Rafael García, ex director de Informática del DAS. Según García, detenido actualmente en un pabellón de alta seguridad de la Penitenciaría Nacional de La Picota, Caro es un narcotraficante que en 2002 financió las campañas de algunos parlamentarios del departamento de Magdalena y habría aportado también dinero a la pasada campaña presidencial. CAMBIO, sin embargo, verificó en el Consejo Electoral las respectivas listas de aportantes y no encontró que allí estuviese registrado el nombre de Caro.

No obstante, el conocimiento del episodio completo de lo ocurrido con el extraditable llanero lleva por estos días a la Fiscalía a ampliar sus investigaciones y establecer si era posible o no que las visitas de este y otros narcotraficantes al DAS hubieran pasado inadvertidas para el entonces director, Jorge Noguera Cotes, y para otros altos funcionarios como el secretario general de la época, Giancarlo Auqué de Silvestri .Una fuente del DAS le dijo a CAMBIO el martes 11 que "los movimientos de Caro en la sede de la entidad indican a las claras que contaba con protección de altísimo nivel, y algunas personas que llevan años trabajando aquí nos cuentan que la relación del oficial retirado era directa y permanente con Giancarlo Auqué de Silvestri, y ocasional con Jorge Noguera".¿Son todos los que están?Por ahora toda la responsabilidad por el borrado de antecedentes ha quedado en cabeza de Rafael García y de Ariel José Garzón Estrada, subalterno suyo en la oficina de informática. "Creo que la cuerda se está rompiendo por lo más delgado", dijo uno de los primeros investigadores judiciales que conocieron del caso.

Según él, aunque García y Garzón no son ajenos a los hechos, no son los únicos comprometidos. "Había dinero de por medio y una disputa entre los interesados los llevó a hacerse amenazas y delaciones mutuas". Su información coincide, por lo menos parcialmente, con las declaraciones de García en el sentido de que la operación de borrado costó por lo menos tres millones de dólares.Los investigadores, que pidieron expresamente no ser citados por sus nombres, aseguraron que Noguera quiso ejercer presión sobre la Fiscalía para que ésta le diera a él crédito de la investigación y produjera una declaración pública en ese sentido. Cuando los funcionarios judiciales le hicieron ver que el procedimiento resultaba impropio y reñido con las atribuciones legales de la Fiscalía, Noguera pasó un derecho de petición pidiéndole al ente investigador que dijera si el DAS había tenido o no participación en el hallazgo. La respuesta tenía que ser necesariamente afirmativa, ya que el apoyo de Policía Judicial fue prestado por la entidad.

Incluso, la auditoría a los sistemas -dispuesta por la justicia penal- fue realizada por un equipo encabezado por Sergio Pérez Barrera, jefe de Investigaciones Informáticas y Electrónicas del DAS.

Localizar a Néstor Ramón Caro es vital para que se sepa la verdad sobre lo que ocurrió en el DAS durante los últimos tres años.

Había una razón adicional que justificaba su premura: la agencia antidrogas de Estados Unidos, DEA, y la Inteligencia de la Policía ya estaban enteradas de lo que estaba ocurriendo. Desde aquella época la Fiscalía tenía la presunción de que García sabía mucho más de lo que admitía en un primer momento. Esa presunción se desprendía de lo dicho en la indagatoria por su asistente, el ingeniero Ariel Garzón. Garzón les ha dicho a los investigadores que él cumplía las órdenes de García, que a su vez "las recibía del noveno piso". En el noveno piso del edificio principal del DAS funcionan la Dirección General, la Sub dirección y la Secretaría General. Aparte de algunas menciones aisladas a su nombre en los medios de comunicación, la historia de Caro Chaparro era desconocida hasta hoy por el país. Este hombre, oficial retirado del Ejército -cabeza de una organización de narcotraficantes del llano y amigo de Miguel Arroyave hasta la muerte de éste-, es conocido en los círculos de la mafia como Felipe o El Duro. Quizá su condición de anonimato le facilitó las cosas y le permitió "matricularse" en las huestes paramilitares que se concentraron en Santa Fé Ralito a la espera de su desmovilización y de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz.

La Procuraduría y la Fiscalía conocen de quejas y denuncias según las cuales Caro es la muy probablemente el mismo hombre conocido familiarmente en círculos del DAS como "el teniente Néstor". Según los denunciantes, Néstor ofreció en 2004 una de sus fincas cercanas a Cota para que allí se realizara la fiesta de cumpleaños de Auqué de Silvestri, con asistencia de otros directivos del DAS. La fiesta fue amenizada por un conocido grupo vallenato traído desde la Costa

La lista de preguntas que surge de este caso es grande. ¿Por qué un narcotraficante se convirtió en hombre de confianza de altos funcionarios del DAS y, aún después de ser pedido en extradición, siguió paseándose como Pedro por su casa por la sede del organismo de seguridad? ¿Por qué en vez de estar capturado, hay información que indica qua ya se encuentra en Santa Fé Ralito, lugar de concentración de los jefes paramilitares?¿Cómo es posible que el DAS, que debía capturarlo tras la orden de arresto con fines de extradición, por el contrario hubiese optado por protegerlo? ¿Cuál era el alcance de la relación entre Caro y el secretario general del DAS Auqué de Silvestri? ¿Se extendía esa relación a otros altos funcionarios del organismo?

Los anteriores interrogantes explican razón por la cual tanto la Fiscalía General de Colombia, que conformó una comisión especial para investigar el escándalo del DAS, como la DEA y las autoridades judiciales de los Estados Unidos, han aumentado su interés en este personaje.

"Tenemos la certeza de que él tiene la clave para responder muchas de las inquietudes que han surgido en el arranque de las indagaciones", le dijo a CAMBIO una fuente del equipo investigador". "Es -agregó- el eslabón perdido de esta cadena y tenemos que encontrarlo, porque es él quien puede darnos un panorama claro de hasta dónde llegó la infiltración paramilitar en el más importante organismo de inteligencia del país".

Colado en Ralito

El 14 de marzo de 2005 la Oficina del Alto Comisionado para la Paz recibió, por primera vez, noticias de que se referían a Néstor Ramón Caro Chaparro. La información, basada en reportes de inteligencia de la Policía, indicaba que este hombre, desconocido entonces en el país, había logrado colarse como paramilitar en Santa Fé Ralito para evitar su extradición.

Sin ocultar su molestia, el comisionado Luis Carlos Restrepo consideró inadmisible que los organismos de inteligencia les entregaran esos datos a los medios de comunicación antes de enterarlo a él sobre lo que ocurría en la zona de concentración paramilitar. "¿Si sabían dónde estaba ese señor, porqué no iban y lo capturaban? Eso no es para armar un alboroto a través de los medios de comunicación", dijo Restrepo en una entrevista radial.

Ahora, tras la investigación sobre los antecedentes de este personaje queda claro que se trata de algo más que un alboroto armado por la . En efecto, las autoridades comprobaron que Néstor Ramón Caro o Felipe o El Duro, logró ponerse el falso ropaje paramilitar al lado de Javier Zuluaga Lindo, Gordo Lindo, y los hermanos Víctor Manuel y Miguel Ángel Mejía Múnera, después de pagar varios millones de dólares por el pasaporte de ingreso a Ralito.

Los investigadores tienen la certeza de que Caro habría comprado por tres millones de dólares la franquicia de un grupo paramilitar que perteneció a Miguel Arroyave.

Aun cuando Caro ha mantenido un bajo perfil, en los archivos de las autoridades aparece registrado como un hombre con un gran poder económico en el departamento de Casanare, donde se hizo al control de las fincas más productivas de esa región, entre ellas Morichales, Hato Pobre y Morichitos. De igual manera, en febrero los organismos de investigación descubrieron que Caro es propietario de grandes extensiones de cultivo de hoja de coca en las inspecciones de Carupana y Caribayona, no lejos del municipio de Villanueva, una zona crítica del Casanare.

LA CAPTURA

La Policía colombiana suministró toda la inteligencia, para que sus homólogos de Brasil, con apoyo de la DEA, capturaran en una playa de Río de Janeiro a Néstor Ramón Caro Chaparro, alias 'Felipe', uno de los hombres con más cuentas pendientes en E.U. Él hacía parte del cartel de narcos por los que se ofrecían 5 millones de dólares.

Néstor Caro volvió fue mencionado por el video de su matrimonio, y en el que aparecen cuatro oficiales del Ejército. El escándalo, conocido como la 'narcoboda', le costó la carrera a dos coroneles, entre ellos el agregado militar de Colombia en Brasil.

Una mujer, la clave

Caro Chaparro, quien hizo la carrera militar y llegó al grado de teniente, fue sorprendido por la policía federal en una playa de Copacabana (Río de Janeiro). La operación empezó gracias a la información que los investigadores colombianos suministraron hace ocho meses. Luego intervinieron la DEA y la Agencia de Aduanas ICE de los Estados Unidos.

La clave para llegar a Caro fue una mujer que conocía a su esposa y terminó por hablarle a las autoridades estadounidenses de la esposa del narco. Gracias a esto se pudo hacer el rastreo de los innumerables y mensajes por BlackBerry con su círculo familiar.

Las autoridades documentaron viajes de ella a Panamá, Venezuela, Chile y Brasil. Fue en este último país donde recopilaron varios números telefónicos que dieron pistas concretas de la ubicación de Caro.

Las autoridades están seguras de que hasta mediados del año pasado el capo se escondió en el Magdalena Medio. Luego viajó a Cúcuta y de ahí pactó una cita con su esposa fuera del país. Mientras él tomó la ruta Cúcuta-Caracas-Rio de Janeiro, ella salió por Panamá directo a Río.

Cuando la policía brasileña lo ubicó en la playa lo llamó por su nombre. Néstor Caro no respondió, pero los agentes tenían un completo expediente que incluía fotografías suyas. Caro se identificó con un pasaporte venezolano y fue retenido para la confirmación de su identidad.

En Estados Unidos enfrenta cargos pendientes por el envío de más de cinco toneladas de cocaína.



El 'Teniente Néstor', como también se le conoce, inicialmente fue ganadero en Casanare, donde se habría vinculado al narcotráfico, a finales de los 80.
En esa zona hizo conexiones con Daniel 'el Loco' Barrera y con estructuras paramilitares.

De hecho, estuvo a punto de colarse en la mesa de negociaciones de Santa Fe Ralito, pero no lo logró gracias a una alerta del Gobierno.

Entre los 2004 y 2007, cuando empezó a identificarse como Wilson Humberto Rodríguez, la Policía adelantó cerca de 25 operaciones en su contra, en varias poblaciones de Casanare, Medellín y el Magdalena Medio.