En una carta enviada la semana anterior al Ministro de Trabajo Luis Eduardo Garzón, la Organización Comunal de Casanare, le expresa el rechazo a la aplicación de la Ley de intermediación laboral considerándola lesiva a la organización y participación de las Acciones Comunales.

Según los comunales de Casanare las medidas perjudican gravemente a las oportunidades de desarrollo, así como medidas de mitigación, compensación y corrección de los impactos sociales que en materia laboral dejan los proyectos de hidrocarburos.

Comparan la ley de intermediación laboral con la modificación de la ley de regalías, y afirman que se convierte en una variable de conflicto por injusticia social generada desde el Gobierno Central.

La carta de los comunales:

LUIS EDUARDO GARZON
Ministro de Trabajo
República de Colombia
E.S.D.

REF. Consideraciones Acción Comunal de Casanare sobre el DECRETO 2089 de 2.014

Cordial saludo,

Las juntas de acción de acción comunal, recibimos de su parte y del ministerio que dirige, el decreto anunciado en la reunión de Octubre en Yopal Casanare. El cual no cumple con las expectativas que allí se generaron y que damos a conocer a continuación, las cuales son el resultado de reunirnos y deliberar en torno al tema que nos convocó anunciado en la referencia:

1. Reiteramos el rechazo a la aplicación del Ley 1636 de 2.013, porque es lesivo a la organización y participación de la Acción Comunal, que con esfuerzo y abandono del gobierno central, hemos venido construyendo por más de 50 años en el departamento de Casanare y los llanos orientales, y en especial los últimos 20 de desarrollo de proyectos de alto impacto como los minero-energéticos.

2. Es desconcertante para nosotros, que en la reunión del 10 de octubre usted anuncio la suspensión de la aplicación de la ley 1636 y el decreto 2852 por dos años, y en el decreto 2089 publicado el 17 de octubre de 2.014, se crea de facto un proceso de transición que busca poco a poco vincularnos al sistema planteado por dicha ley, eliminando el tiempo para encontrar los mecanismos necesarios para que dicha ley no genere escalada del conflicto social en las zonas de proyectos minero energéticos.

3. Nosotros como organización reiteramos nuestra disposición a continuar con la concertación de la legislación que el gobierno central pretende aplicar sobre las comunidades, reconociéndose nuestro derecho a no aceptar la implementación de leyes e iniciativas en detrimento de la calidad de vida de las comunidades, que perjudican gravemente a las oportunidades de desarrollo, así como medidas de mitigación, compensación y corrección de los impactos sociales que en materia laboral dejan los proyectos de hidrocarburos y que dieron origen a la participación laboral en las zonas de influencia directa, así mismo el que generen procesos de degradación económica y social de los miembros de nuestras comunidades.

4. Las comunidades creemos que dicho sistema público de empleo debe primero demostrar su funcionalidad y transparencia, y creemos que el sector publico debería demostrar su aplicabilidad en todas las esferas, considerando que uno de los mayores problemas de inequidad e injusticia social, se presenta en el sector público de alcaldías, gobernaciones, y gobierno nacional, donde asesores, funcionarios, profesionales de apoyo, son contratados no por bolsa de empleo sino por procesos poco claros y participativos. Por tanto si la contratación pública de personal a través del sistema público de empleo acabara con las cuotas políticas, las comunidades podrían analizar confiar las oportunidades laborales a un sistema de alta influencia estatal.

5. Sentimos que el sistema público de empleo planteado en la ley y decretos que lo sustentan tienen un afán especial por una industria en particular como es la de los hidrocarburos, cuando realmente el mayor generador de empleo en la región es Alcaldía y Gobernación e instituciones descentralizadas , por tanto reiteramos que en ese sector se debería hacer la prueba de la funcionalidad, de esta manera toda oportunidad laboral incluidas órdenes de servicio temporales deberían tener oferta pública ya que en la industria de los hidrocarburos la mayoría de las oportunidades son de muy corto plazo. Actuar en este sentido recuperaría la confianza que las comunidades hemos perdido en nuestros Gobernantes.

6. Es un deber del estado y un derecho de las comunidades participar anticipadamente en la elaboración de normas que puedan afectarnos, reconocidos constitucionalmente y que parte del principio de la participación ciudadana como pilar fundamental de la consolidación del estado social de derecho. Las juntas de acción comunal son los organismos representantes legales de las comunidades, pero son deliberadamente desconocidas ( a pesar de tener mecanismos de participación democrática) y últimamente sistemáticamente desprestigiadas con el afán de debilitar la organización autónoma de las personas para la participación y autodeterminación de los territorios.

La organización comunal ha sido durante muchos años el motor del desarrollo de las regiones más apartadas y voluntariamente hemos trabajado por la nación, hemos sido, somos quienes trasmitimos la voluntad de las comunidades en razón a nuestra realidad social, realidad que no quiere ser aceptada y respetada por el gobierno para la concertación y elaboración de las leyes abocándonos una vez más al olvido y la farsa en los medios de comunicación que resaltan mentiras arregladas como verdades, como es el caso de priorizar mano de obra en nuestras comunidades ofertado porcentajes minoritarios irrisorios. Pretendiendo presentar la mano de obra no calificada como la concesión.

7. De continuar esta política de imposición de leyes, amedrentamiento jurídico y policial del estado a los defensores de los intereses de las comunidades, de la falta de organización, control y garantías en el desarrollo de los proyectos de alto impacto, que justifican y envuelven bajo el nombre de proyectos de interés estratégico de la nación, para realizarlos por encima de la honra y dignidad de las personas y las comunidades, nuestra capacidad para mantener escenarios de concertación será seriamente afectada, abriendo espacio para otros cursos de acción, por lo cual responsabilizamos al gobierno central de los conflictos sociales y las consecuencias que se desprendan de los mismos, con el agravante que hemos sido reiterativos en nuestro afán de trasmitir a ustedes que el no cambiar de actitud y metodología solo desencadenara problemas ya que las comunidades no resistimos más las forma de violencia que el Gobierno Central viene aplicando sobre nosotros despojándos de oportunidades de trabajo conduciendo a situaciones de pobreza que desconocíamos en la región y ha sido impuestas desde confortables escritorios.

Consideramos que esta ley el equivalente en materia laboral a la modificación de la ley de regalías, que se convierte en una variable de conflicto por injusticia social generada desde el Gobierno Central.

Reconociendo el interés demostrado por usted para que estas problemáticas se resuelvan para generar las políticas y dinámicas que conlleven al desarrollo de la nación y sus territorios, los abajo firmantes, le deseamos nuestros mejores deseos y las más sinceras preocupaciones.

Atentamente,

ORGANIZACIÓN COMUNAL DE CASANARE.
(FEDERACION, ASOCIACIONES Y JUNTAS DE ACCION COMUNAL)