Ante la Unidad de Reacción Inmediata para la Trasparencia Electoral (URIEL) y directamente ante la Procuraduría General de la Nación, se han presentado hasta la fecha 715 quejas contra servidores públicos por irregularidades en materia electoral, referidas particularmente a indebida participación en política, incumplimiento de deberes y obligaciones, y violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

El mayor índice corresponde a denuncias por indebida participación en política, con 686 quejas contra funcionarios públicos de diferentes entidades, especialmente del nivel territorial. La Procuraduría evalúa actualmente cada caso con el propósito de establecer si hay méritos para iniciar acciones disciplinarias.

Acciones y decisiones de la Procuraduría

A la fecha, este Organismo de Control ha iniciado de oficio 16 procesos disciplinarios contra alcaldes y personeros por indebida intervención en política y participación en los procesos de trashumancia, al expedir certificados de residencia electoral a ciudadanos no residentes en los municipios donde pretendían ejercer el derecho al voto.

De otra parte, se adelantan dos procesos disciplinarios contra funcionarios de la organización electoral de Soledad (Atlántico) y Yopal (Casanare), por irregularidades relacionadas con la conformación y designación de jurados de votación.

Actualmente se adelanta además proceso verbal disciplinario contra el alcalde de Melgar (Tolima) por intervención indebida en política; el fallo sancionatorio de primera instancia ordena destitución e inhabilidad por 15 años.

Por presunta intervención en política también se adelanta proceso verbal disciplinario contra el alcalde de la ciudad de Medellín.

La Procuraduría General de la Nación continuará sin pausa en el ejercicio de sus funciones preventivas y disciplinarias para proteger la transparencia de las elecciones territoriales que se adelantarán el próximo domingo 30 de octubre.