El fin de semana los expedientes y documentos en trámite de los procesos de titulación de tierras en Casanare fueron depositados en cajas y transportados en un furgón.

El “trasteo” tuvo lugar durante toda la noche del viernes y el amanecer del sábado resguardados por la Policía Nacional.

Pasadas las horas se conoció que se trató de un allanamiento que duró 12 horas, en el que se llevaron todos los expedientes de baldíos y que hacía parte de un proceso de transformación institucional y que el procedimiento se hizo simultáneo en todas las regionales del país.

Sin embargo no se precisó el destino de los archivos de la entidad en Yopal.

El hecho causó inquietud y reacciones como la del Diputado Ramiro Rivera Ángel quién se preguntó porque no se hizo pública la acción y porque de noche.

“Alguien se atrevió a preguntar y le respondieron que por restructuración, lo cual no creemos y nos damos a la tarea de encontrar la verdadera razón o intención, algo no muy bueno está pasando y de mala fe consideramos esta acción, esto entorpece y genera desconfianza para los campesinos casanareños que durante muchos años vienen tramitando la posibilidad de legalizar y ser propietarios de sus tierras, conocemos que más de 7 mil procesos se encuentran en trámite y ante el Congreso cursa un proyecto de Ley denominado Zidres que puede afectar seriamente los casanareños que no han podido legalizar sus propiedades”, afirmó Rivera.

La liquidación del Incoder

El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, anunció la liquidación del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), para abrirle paso a la creación de dos nuevas entidades, como lo propone el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.

El funcionario explicó que la primera de las nuevas instituciones estará encargada de la adjudicación y manejo de tierras y la segunda se encargará del desarrollo rural, es decir el apoyo a campesinos en desarrollo de proyectos.

"A una entidad de carácter nacional, importante, que centralice todo el manejo de las tierras en nuestro país, por el otro lado la necesidad de crear también una entidad para la articulación de todas las actividades relacionadas con el desarrollo rural”, puntualizó el jefe de la cartera agropecuaria.

Incoder en la mira de la Procuraduría

Para la Procuraduría, incluso si no existiera un escenario de posconflicto, es evidente la necesidad de rediseñar el modelo institucional agrario, ya que la falta de acceso a la tierra ha sido uno de los factores determinantes del conflicto en el campo.

La Procuraduría denunció cómo excombatientes de grupos alzados en armas –a los que el Ejecutivo pretende beneficiar con su inclusión en proyectos productivos– incurren en algunos episodios de fraude, en contraste con la situación de muchos campesinos y desplazados que no logran obtener medidas efectivas de protección.

A juicio del ente de control, estructuras narco-paramilitares creadas tras la desmovilización de las AUC junto son otras que nunca dejaron la ilegalidad nunca han dejado de ejercer control territorial en los predios que, supuestamente, fueron objeto de extinción de dominio.

Lo peor, señala el estudio, son los casos en los que desplazados, campesinos y desmovilizados han sido reubicados en un mismo predio, revictimizando a quienes recibieron el dominio de bienes ubicados en zonas donde bandas criminales ejercen control.

Desde el 2008, el Gobierno estableció ayudas para la compra de tierras que serían explotadas por campesinos y por víctimas de la violencia. El esquema, que permite subsidiar hasta el 70 % del valor de los predios, no sólo ha sido lento e ineficaz, sino que se presta para la corrupción, dice el Ministerio Público.

La Procuraduría Delegada de Asuntos Ambientales y Agrarios criticó también el modelo de entrega de los subsidios a través de convocatorias públicas en las que los potenciales beneficiarios presentan los proyectos productivos que pretenden desarrollar. Según cálculos de la evaluación, el Incoder gasta en este proceso nueve veces más del valor que invierte en la adquisición de la tierra que adjudica.

Predios no aptos para el desarrollo de la agricultura, sobrecostos en el valor de las tierras y la necesidad de reubicación a algunas de las familias a las que ya se les habían entregado terrenos, según el estudio, demuestran la deficiente gestión del Incoder.

Para la Procuraduría, el Incoder no cuenta con suficiente personal ni presupuesto adecuado para afrontar los retos que le exige la recuperación de baldíos.

Del millón de hectáreas intervenidas hasta ahora para ser entregadas a campesinos pobres y víctimas del conflicto armado a octubre del 2014, sólo frente a 1.455 se finalizó el trámite para su adjudicación, lo que a juicio del organismo de control explica por qué se exigen medidas urgentes de reforma.

El estudio concluye que muchas de las expectativas que nacieron en la población campesina se han venido frustrando una tras otra, pues terminaron siendo invisibilizados por esta política pública de recuperación del campo.