Ante el anunció de la Contraloría General de la República, del inicio de una investigación preliminar por un presunto detrimento patrimonial por 25 mil millones de pesos, en convenios suscritos entre la Gobernación de Casanare y la Empresa de Servicios Públicos de Tauramena, entre el 2008 y el 2010, el alcalde de Tauramena, Javier Augusto Álvarez Alfonso, quien también fungía como alcalde en dicho periodo, dijo que no tuvo nada que ver con esos convenios.

La investigación vincula también a Julio Flórez Sarmiento, en su momento Secretario Privado de la Gobernación de Casanare; Rodrigo Flechas Ramírez, director de Contratación del Departamento, y a la gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Tauramena, Milena Morales Díaz.

Los contratos (210 de 2008, 004 de 2009 y 113 de 2010), que dieron lugar a la investigación buscaban optimizar los acueductos de las veredas Aguablanca, Guichire, Delicias, Batallera, Raizal, Yaguaros y Chitamena de Tauramena.

“Es un convenio que firmó la Gobernación directamente con la Empresa de Servicios Públicos del Municipio, que es una empresa descentralizada, no tuve nada que ver con eso, la Alcaldía no adjudicó el contrato y nunca entró un solo peso al tesoro del municipio”, indicó, Álvarez Alfonso.

Agregó que las veredas relacionadas en el contrato si están conectadas al acueducto, y que sí les llega el líquido, pero que es un proyecto que a pesar de que está en periodo de prueba y que ha presentado falencias porque la manguera se revienta en algunos tramos y ha habido derrumbes, sí está funcionando.

Según Álvarez Alfonso, "como alcalde lo único que hizo fue presentar el proyecto ante el Gobernador de la época, y que fue en la Gobernación donde tomaron la decisión de contratarlo con la Empresa de Servicios, que tiene autonomía", afirmó.