La Contralora general de la Nación, Sandra Morellí, anunció que abrirá proceso de responsabilidad fiscal contra funcionarios del Ministerio del Interior, Fonade, contratistas y supervisores por un detrimento patrimonial de 15 mil millones de pesos en la construcción de diez cárceles del país.

Los centros carcelarios en donde se han presentado irregularidades en la ejecución de sus contratos son las de Guaduas, Florencia, Cúcuta, Puerto Triunfo, Ibagué, Yopal, Pedregal (Antioquia), Jamundí, Acacias (Meta) y la nueva cárcel de la Picota.

Según la Contralora se encontraron "sobrecostos no justificados, adquisición de equipos no necesarios y otros que no fueron instalados y que están abandonados"... " un serio reproche a la gestión de Fonade, que no parece ser el mejor gestor de recursos públicos".

Por su parte, el contralor delegado para la justicia, Javier Lastra, aseguró que "hay problemas de diseño, hay menaje que hoy no puede ser instalado".

"En una cárcel no se ha podido ubicar una cocina que costó 500 millones y se encuentra oxidándose en una bodega", aseguró Lastra.

El costo de estas 10 cárceles tenía un valor del orden de un billón de pesos, pero se le adicionó 100 mil millones de pesos más.

Según la Contraloría, el contrato fue suscrito en el 2007 entre el Ministerio del Interior y Fonade.