El Contralor Departamental de Casanare, Antonio José Ortega Santos, hizo una reseña de la importancia de los principios del control fiscal que corresponden a la eficiencia, la eficacia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales.

El funcionario indicó que es fundamental definir la eficiencia, en la cual se busca determinar si la igualdad de condiciones de calidad, los bienes y servicios adquiridos con recursos públicos se obtienen a menor costo, mientras que el principio de eficacia permite verificar si los resultados de la gestión pública guardan relación con objetivos y metas propuestas en el Plan de Desarrollo, que deben estar acordes en la aplicación oportuna de la economía, que se establece en el ámbito micro o local, si la asignación de los recursos ha sido la más conveniente para maximizar los resultados.

Ortega Santos precisó que el control fiscal en Colombia de acuerdo con la Constitución Política, es una Función Pública General de la República y de las Controlarías Territoriales y para el caso en particular, la Contraloría Departamental de Casanare, es una entidad dotada dentro de su jurisdicción con plena autonomía presupuestal, administrativa y contractual, que le permite cumplir con las funciones como entidad técnica y ente de control que tiene a su cargo la vigilancia de la gestión de las administraciones como Gobernación, Alcaldías, Personerías, Concejos Municipales, Empresas Comerciales e Industriales del Estado, Hospitales, Empresas de Servicios Públicos, Instituciones Educativas, entre otros.

El Contralor de Casanare manifestó que en el marco de la ley, también está bajo su resorte la vigilancia de los particulares o entidades que manejen y administren fondos públicos o bienes públicos, aunque advirtió que la Gestión Fiscal es el conjunto de actividades, operaciones y procesos, que desarrollan las administraciones en todos sus niveles, es decir cuando administran fondos o bienes públicos, para lo cual la legislación colombiana otorgó unas herramientas importantes que están sustentadas en la ley 42 de 1993, que determina principios y sistemas de control que permite evaluar esa gestión fiscal.