Para el 7 y 17 de mayo están previstas las audiencias en el Tribunal Administrativo de Casanare en el proceso de demanda interpuesto por el ex gobernador de Casanare, Nelson Ricardo Mariño Velandia contra la Procuraduría General de la Nación, por haberlo destituido como mandatario seccional argumentando presuntas irregularidades cometidas en un convenio firmado con la Caja de Compensación Familiar de Casanare para prestar el servicio de restaurante en los colegios del Departamento.

Mariño Velandia reclama que se declare la nulidad de los fallos disciplinarios en primera y segunda instancia proferidos en la investigación por la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal y por la Sala Disciplinaria el 4 de diciembre de 2012 y el 24 de enero de 2013 respectivamente, en los que fue impuesta la sanción de destitución como Gobernador de Casanare e inhabilidad general para ejercer funciones públicas por el término de 14 años.

La demanda viene desde esa época, pero el 19 de febrero el Tribunal Administrativo de Casanare, admitió la reforma de la demanda de acuerdo con el Consejo de Estado que determinó que ese Tribunal se encargara de la demanda por competencia funcional.

El entonces Gobernador Mariño había contratado el suministro de 7 mil almuerzos para niños de las instituciones educativas a cargo del departamento, para la Procuraduría dicha acción se hizo incumpliendo la Ley de Contratación, para eludir una licitación pública.

El contrato se suscribió con la caja de compensación por un costo de 17 mil millones de pesos para suministrar los almuerzos a 62.895 estudiantes, pero luego la caja de compensación subcontrató con una unión temporal por 16.694 millones. El Ministerio Público estableció que el contrato no reunía los requisitos para ofrecer estos servicios y terminó subcontratando.

El Director de Comfacasanare y Presidente del Consejo Directivo de la Federación Nacional de Cajas de Compensación de Colombia – Fedecajas, Gustavo Ayala Leal, ha sostenido que las Cajas de Compensación sí están habilitadas para la ejecución de esos programas, de acuerdo a la ley 789 de 2002.