284 personas fueron amenazadas en Casanare durante el 2018, según las estadísticas de la Dirección Seccional de Fiscalías.
Dentro de las víctimas están 18 servidores públicos, 14 representantes de víctimas, 7 líderes comunales, 5 veedores de asentamientos humanos, 2 líderes políticos, 2 representantes de etnias, 2 sindicalistas y 1 líder social, informó John Fredy Encinales, Director de la Fiscalía en Casanare, al señalar que esas 53 son de enfoque diferencial.
Algunas amenazas se han dado por parte de grupos al margen de la ley, algunas han sido vía telefónica, a través de correos electrónicos y otras personales. Según el análisis de la Fiscalía los líderes políticos fueron amenazados por grupos ilegales; los líderes comunales amenazados a través de mensajes de texto de celular, pero algunos se dieron en zonas de influencia de compañías petroleras por cupos laborales, informó Encinales.
Los veedores de asentamientos son amenazados justamente por la legitimidad de los predios, por los mismos propietarios o por las personas que residen en el lugar. Entre los amenazados está un funcionario de la Defensoría del Pueblo, que debió abandonar la región. La víctima tenía la función de llevar relacionamiento con comunidades de asentamientos humanos, indígenas y grupos sociales y lograr la resolución de conflictos. El caso es investigado por un funcionario de la Fiscalía de Bogotá y se pretende establecer de dónde provienen esas intimidaciones.
La Defensoría del Pueblo también generó algunas alertas tempranas para algunos de los afectados.
El seguimiento y medidas de protección lo llevan la Policía y la Unidad Nacional de Protección de acuerdo con las políticas del Gobierno Nacional.