“Los congresistas de los 18 departamentos y cerca de 170 municipios productores de hidrocarburos del país, reunidos en la Mesa Nacional de Regalías, se unieron contra el Sistema General de Regalías recientemente sancionado por el Presidente de la República, por considerar que lesiona la autonomía territorial, acaba con la descentralización y perjudicada el desarrollo de las regiones productoras de petróleo”; anunció la representante a la Cámara, Claudia Marcela Amaya.

El apoderado de la Mesa Nacional de Regalías es el exmagistrado de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán Sierra, quien argumenta en la demanda de inconstitucionalidad vicios de tramite como votar sin publicar el texto conciliado, ponentes que no firmaron la ponencia, no publicación en la Gaceta del Congreso, no se votaron las proposiciones modificatorias o sustitutivas presentadas por los congresistas, entre otros.

La Corte Constitucional solicito al Procurador General para que se pronuncie y al Congreso para que remita todo el expediente de la reforma a las regalías, documento último considerado como principal prueba en el expediente; precisó la Representante del Meta, Marcela Amaya.

DEMANDA AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, FUE ADMITIDA EN CORTE CONSTITUCIONAL.

La Corte Constitucional admitió la demanda por medio del cual se modificó el Sistema General de Regalías, que interpuso el representante a la Cámara, Camilo Abril Jaimes y el profesor de derecho de la Universidad Externado, Carlos Alberto López; quienes en su tesis central argumentan vicios de trámite durante los ocho debates en Comisiones Primera y las plenarias del Senado y la Cámara.

“El principal vicio de trámite sería la omisión en la publicación en la Gaceta del Congreso de algunos debates, según lo prevé el Reglamento Interno del Congreso. Otro argumento es la posible violación a los principios a la igualdad, la confianza legítima, la autonomía territorial y el democrático, consagrado en el artículo 345 de la Carta Política”, precisó el parlamentario casanareño Abril Jaimes.

El magistrado ponente es el jurista Iván Palacios, quien asumió este proceso el pasado primero de junio y tendrá que solicitar pruebas a las Secretarías Generales de Senado y Cámara, vincular a la Procuraduría General la Nación, abrir espacios para intervenciones ciudadanas y fallar de fondo a finales de este año.