Más de un millón de personas se han inscrito para los comicios de octubre, una cifra superior a la reportada tradicionalmente en varios de los de los 143 municipios de 14 departamentos del país, los cuales tienen riesgo alto o muy alto de fraude por trasteo de votantes y donde se registraban 250 mil personas, según reporta la Registraduría.

“Hay regiones en las que históricamente se registra trashumancia electoral como Casanare, Meta, Antioquia o Putumayo, donde históricamente habían 250 mil personas inscritas, y que ahora están completamente disparadas, pues estamos sobre el millón de inscritos”, señala Alfonso Portela, director de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional.

A comienzo de año, la Registraduría Nacional puso de manifiesto el nivel de riesgo por trasteo de votos en que se encuentran algunos departamentos y municipios.
Allí se evidencia que el mayor nivel de riesgo se presenta en Casanare, donde del total de ciudadanos inscritos fueron dejadas sin efecto el 68,88% de las inscripciones, seguido de San Andrés, con el 60,75% y La Guajira con el 48,31%, entre otros departamentos como Atlántico, Antioquia, Cundinamarca y Santander.

De acuerdo con Portela, los criterios presentados entonces se mantienen hasta la fecha y hay casos donde se han ampliado, “específicamente donde hay algún tipo de influencia por la ola invernal, regalías o manejos económicos”.

Precisamente se presentan las alertas para que la ciudadanía no se venga a quejar en octubre, cuando ya no haya nada que hacer y de manera temprana se detecte lo que ocurra con las inscripciones y se tenga en cuenta al momento de las investigaciones”, agrega Portela.

¿Cómo denunciar?
Un ciudadano puede denunciar el trasteo de electores ante la Registraduría de su zona respectiva.
Lo que debe hacer primero es verificar que exista alguna anomalía directamente en la Registraduría. Allí se hace la revisión de los documentos de inscripción, se comprueba que efectivamente hay personas que están manifestando residir en un municipio y en realidad no lo están.

Otra anomalía es que se dan direcciones ficticias o lugares que no existen. Sobre esta base se presentan las denuncias, el Registrador la recepciona y las traslada al Consejo Nacional Electoral, para que investigue.

“Se hace la investigación, cruzando bases de datos de diferentes organismos, que permita ubicar a las personas sospechosas. Luego, se hace trabajo de campo con funcionarios que van hasta los lugares de residencia de las personas y, suponiendo que no se pudo verificar que la persona resida en ese lugar o no pertenezca a esa municipalidad, a través del CNE se le anula la inscripción y queda habilitado en su antiguo lugar de registro”, explica el director de Gestión Electoral de la Registraduría.