La Sección de Ausencia de Reconocimiento (SARV) de la JEP convocó a una audiencia pública este 12 de diciembre en Bogotá, con el objetivo de proteger los derechos de las mujeres buscadoras en el país. Esta diligencia se realizará en el marco de la medida cautelar nacional ordenada por la misma sección, con el fin de garantizar los derechos a la memoria y la verdad de las víctimas de desaparición forzada.

Durante la audiencia, la magistratura espera conocer y compartir con el país los avances en la implementación de las disposiciones de la Ley 2364 de 2024, “Por la cual se establecen medidas para la protección, reconocimiento y garantía de los derechos de las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada”. Esta es la conocida ‘Ley de mujeres buscadoras’, aprobada el 4 de abril de 2024 por el Congreso.

Para ello, fueron convocadas autoridades públicas del ámbito nacional y territorial, así como organizaciones de víctimas y de derechos humanos, con el fin de ser escuchadas y realizar un seguimiento a las medidas adoptadas para implementar esta ley. La audiencia también busca ofrecer un espacio de participación a las mujeres buscadoras y sus organizaciones, visibilizar los retos y obstáculos, promover la articulación interinstitucional y conocer las acciones dirigidas a fortalecer los procesos de búsqueda, identificación y entrega digna de las personas desaparecidas.

Entre otras entidades, estará presente: la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), y los ministerios de Justicia y del Derecho, del Interior, de Igualdad y Equidad, y de Salud y Protección Social. También la Fiscalía General de la Nación, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

A partir de la información y el balance presentados, se recogerán los insumos necesarios para realizar un análisis integral de la situación y adoptar medidas efectivas dentro del marco del trámite cautelar nacional. La JEP considera que la efectividad de esta ley depende de la acción coordinada entre diversas entidades estatales y organizaciones de víctimas. Por eso, es fundamental seguir de cerca los avances y desafíos en su implementación, ya que solo así se podrá garantizar una respuesta efectiva a las familias de las víctimas de desaparición forzada.

Precisamente, esta audiencia también responde a la solicitud presentada por la Fundación Nydia Erika Bautista, en nombre propio y de otras organizaciones, que hizo un llamado para coordinar esfuerzos entre instituciones y fortalecer las capacidades técnicas y operativas de las entidades encargadas. Además, destacó la importancia de mejorar la tecnología en la identificación forense, optimizar la articulación de las políticas públicas y asegurar la adecuada asignación de recursos financieros y humanos. 

Las víctimas están en el centro de sus actuaciones según la JEP

Para la Sección de Ausencia de Reconocimiento, la medida cautelar nacional ha sido clave para fortalecer los lazos de confianza con las organizaciones de víctimas en el país. 

La audiencia nacional, realizada en Bogotá y Barrancabermeja el 14 y 16 de mayo, respectivamente, brindó una valiosa oportunidad para construir espacios de diálogo, reconocimiento y dignificación de las víctimas de desaparición forzada.

Como parte de esta medida, el 26 de agosto se logró reunir a representantes de 29 organizaciones de víctimas y de derechos humanos en Bogotá. Este encuentro facilitó una participación más amplia y efectiva en los esfuerzos de la Jurisdicción para proteger los derechos a la memoria y la verdad, así como para apoyar el fortalecimiento del proceso de búsqueda, identificación y entrega digna de las víctimas de desaparición forzada.

En este espacio, fue fundamental escuchar los aportes de las organizaciones de víctimas sobre temas que consideraron cruciales como parte del seguimiento. Entre los puntos destacados se encuentran: justicia y reparación, búsqueda e identificación, prevención y garantías de no repetición, participación de víctimas y organizaciones, fortalecimiento institucional, aspectos legales y políticos, protección y apoyo a los buscadores, educación y difusión, y la territorialización de decisiones y lineamientos.

A este escenario se suma la participación activa de la JEP en la Comisión Intersectorial del Sistema Nacional de Búsqueda, que promueve la implementación del Plan Nacional de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas. También se trabaja en la formulación de una política pública integral que abarca prevención y no repetición, atención, búsqueda, identificación, reencuentros y entregas dignas, así como el acceso e intercambio de información.

Otra de las acciones lideradas por la JEP para dar respuesta a las víctimas de desaparición forzada es la estrategia de ‘Búsqueda Inversa’. Esta iniciativa, diseñada en colaboración con la Unidad de Búsqueda y Medicina Legal, ofrece un enfoque diferente: busca a los familiares de las personas desaparecidas durante el conflicto armado. El Estado tiene plena identificación y custodia de cientos de cuerpos desaparecidos forzosamente que aún no han sido reclamados, de ahí la urgencia de encontrar a sus familiares.

La JEP ha ordenado 23 medidas cautelares de protección para diversos lugares, incluidos cementerios. Estas medidas abarcan más de 80 sitios donde se presume la existencia de cuerpos de víctimas de desaparición forzada. Como resultado, se han realizado intervenciones forenses que han permitido llevar a cabo 1.350 exhumaciones, identificar a más de 161 personas y entregar dignamente a 87 cuerpos a sus familias.