La Jurisdicción Especial para la Paz continúa avanzando en los procesos relacionados con los crímenes ocurridos durante el conflicto armado en Casanare, especialmente dentro del macrocaso que investiga ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”. Magistrados del tribunal explicaron que la investigación ha permitido identificar a los máximos responsables de estos hechos, mientras que otros comparecientes siguen un proceso diferente dentro del sistema de justicia transicional.

De acuerdo con los magistrados Carlos Vidal y Sandra Castro, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas tiene actualmente 465 comparecientes en Casanare que no fueron seleccionados como máximos responsables. Con 237 de ellos ya se adelanta la llamada ruta no sancionatoria, que contempla beneficios jurídicos siempre que los involucrados aporten verdad plena, reparen a las víctimas y no reincidan en conductas delictivas.

Los magistrados explicaron que los máximos responsables son quienes diseñaron o dirigieron los patrones de macrocriminalidad durante el conflicto, por lo que son quienes enfrentarán sanciones dentro de la jurisdicción. Sin embargo, también participaron otros combatientes o integrantes de estructuras armadas en la ejecución de estos hechos, cuyas conductas no pueden quedar en la impunidad, aunque su nivel de responsabilidad sea menor.

En el caso de las ejecuciones extrajudiciales investigadas en la región, se ha identificado la presunta participación de varios militares de la Brigada XVI del Ejército, dentro del proceso que adelanta la JEP. En estos casos, quienes reconozcan responsabilidad y aporten verdad podrán recibir sanciones restaurativas entre 5 y 8 años, mientras que quienes no colaboren o incumplan los compromisos podrían ser expulsados del sistema y enfrentar procesos ante la justicia ordinaria.