Con el propósito de escuchar a los sectores productivos y a la ciudadanía para fortalecer el Proyecto de Ley de Competitividad, también conocido como Ley Antitrámites, el Gobierno nacional inició una serie de audiencias públicas territoriales que permitirán recoger propuestas y observaciones antes de continuar su trámite en el Congreso de la República.

La iniciativa en Yopal fue socializada en el SENA el pasado sábado, liderada por el ministerio de Comercio, Industria y Turismo, luego de ser aprobada en primer debate por las comisiones sextas conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes. Asistieron el Senador Carlos Eduardo Guevara Villabón, presidente de la Comisión 6 del Senado, los Representantes a la Cámara Arledy Alvarado y Diego García, Isabella Bolivar asesora legislativa del MinCit.

El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Casanare, Carlos Rojas Arenas, resaltó “la importancia de estos espacios de participación y diálogo, que permiten escuchar las voces de las regiones y aportar a la construcción de iniciativas que impulsen la competitividad del país. Reiteramos la importancia de la simplificación de trámites, reducir barreras y generar condiciones que faciliten la actividad empresarial, fortalezcan la productividad y contribuyan al desarrollo de las regiones”, señaló Rojas.

El objetivo de la ley es simplificar, racionalizar y optimizar los trámites que enfrentan ciudadanos, emprendedores y empresas, para reducir tiempos y costos, facilitar la inversión y generar mejores condiciones para la actividad productiva.

Durante las jornadas se abordaron asuntos relacionados con comercio exterior, inversión, facilitación digital, Ventanilla Única Empresarial, logística, trámites sanitarios, urbanismo y construcción, servicios financieros, procedimientos notariales y registrales, innovación, turismo y gestión del riesgo.

El viceministro de Desarrollo Empresarial, Manuel Alejandro Naranjo Giraldo, destacó que este proceso de diálogo permitirá enriquecer y fortalecer el proyecto antes de su discusión en las plenarias del Senado y la Cámara.

“Queremos escuchar las voces de los diferentes actores territoriales antes de llevar el proyecto a las plenarias de Cámara y Senado, y así avanzar en el objetivo de lograr una mejor relación del Estado con los ciudadanos y el sector productivo, bajo una lógica de simplificación, racionalización y optimización de trámites”, señaló el viceministro.

Estas jornadas cuentan también con la participación de los congresistas ponentes de la iniciativa, quienes, junto con el Gobierno nacional, escuchan las propuestas de los diferentes sectores para enriquecer el articulado antes de su discusión en las plenarias. El proceso concluirá con una audiencia nacional virtual, que permitirá ampliar la participación de los diferentes sectores y regiones del país.

Los aportes recogidos durante estos encuentros serán revisados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en articulación con el Congreso de la República y las entidades competentes, con el propósito de identificar oportunidades de mejora al articulado antes de su discusión en las plenarias.

Menos trámites innecesarios, más oportunidades para crecer

El Proyecto de Ley de Competitividad plantea cinco líneas de acción: simplificar requisitos duplicados, digitalizar procedimientos, conectar los sistemas de información de las entidades públicas, coordinar trámites que puedan adelantarse simultáneamente y aplicar controles proporcionales al nivel de riesgo.

Entre las medidas propuestas se encuentran el fortalecimiento de la Ventanilla Única Empresarial (VUE) y la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), la modernización de los procedimientos notariales y registrales, la reducción de cargas administrativas para las mipymes y la simplificación de trámites relacionados con inversión, construcción, comercio exterior y otras actividades productivas.

El propósito es que ciudadanos y empresas no tengan que presentar repetidamente documentos que ya reposan en las entidades públicas, puedan acceder a procedimientos más ágiles y cuenten con mayor claridad sobre el estado de sus solicitudes, sin afectar los controles técnicos, sanitarios, ambientales y de seguridad que correspondan.