El Comité Nacional de Secretarios de Salud, Gerentes de Hospitales, Movimientos Sindicales y Sociales expresó que hoy en el sector salud se dan fundamentalmente dos situaciones críticas: una profunda crisis de sostenibilidad financiero de la red de hospitales públicos que de no ser resuelto por el Gobierno Nacional conllevara al cierre de este patrimonio nacional y una nueva reforma de la ley de salud que no va a resolver los problemas estructurales del sector.

La crisis del sector se expresa en la insostenibilidad financiera de las ESE que las cataloga en riesgo medio y alto y obliga a su liquidación; la cartera de EPS en liquidación, liquidadas e intervenidas que hace imposible su recuperación; las actividades No POS del régimen subsidiado que deben ser financiados por el ente territorial sin la apropiación de recursos por el orden nacional de acuerdo a su gasto; y la enorme inestabilidad laboral en el sector por la imposibilidad financiera de ampliar las plantas de personal en el 100% de las instituciones. Todo esto determinado por el modelo de salud de Ley 100.

De otro lado, nuevamente en el Congreso de la República se encuentra en discusión un proyecto de Ley para reformar por tercera vez la Ley 100 de 1993 (ha habido dos reformas previas a través de la Ley 1122 de 2007 y la Ley 1438 de 2012).

Tal como está configurado el proyecto de Ley actual (que es el proyecto acumulado que tiene principalmente el contenido del proyecto que presentó el Gobierno Nacional y que margina el contenido del proyecto presentado por los sectores sociales a través de la Alianza Nacional por la Salud – ANSA), se puede decir que de ser aprobado traerá como consecuencias:

1. Se mantendrá el enfoque mercantil de la salud establecido por la Ley 100 de 1993.

2. Las EPS ahora se llamaran Gestoras de Servicios de Salud, pero mantendrán la intermediación en tanto serán las que contraten y paguen los servicios a las instituciones prestadoras de servicios de salud. Se mantendrá entonces las autorizaciones y se aumentaran las barreras de acceso que de este esquema se desprende.

3. Con este esquema de intermediación no se resuelven las deudas y se reduce el porcentaje de contratación con la red pública hospitalaria nacional, y por lo tanto empeora la situación de estas instituciones, declarando su muerte.

4. Un listado de exclusiones será el nuevo No POS, con la diferencia de que ahora no lo pagará el Estado sino las familias de acuerdo a su capacidad de pago. Podrá haber tutela cuando haya alguna negación, pero no para lo excluido, de esta manera revive decretos de la emergencia social en salud.

5. Las personas deberán continuar pagando las cuotas moderadoras y los copagos, que se saben constituyen barreras de acceso.

6. La legalización de formas inestables de contratación laboral mantendrá la precariedad del trabajo en salud y los impactos en acceso, oportunidad y calidad de la atención.

7. Las IPS podrán tener su hospital universitario, es decir que no se requiere de escuelas de medicina, ni Universidades, que den el respaldo y seriedad académica a la formación de los profesionales de salud. Se avanzara entonces en la educación en salud como negocio.

8. Habrá un cambio en la distribución interna de los recursos de salud del Sistema General de Participaciones, que refuerza el enfoque de aseguramiento, debilita la oferta pública de servicios, mantiene los reducidos recursos de salud pública y acaba con los ofertas.

9. La propuesta adolece de un claro modelo de atención que garantice el cuidado integral de la salud, por lo cual el sistema de salud seguirá centrado en la atención a la enfermedad.

10. No se habilitará ninguna forma de democratización y participación real de la ciudadanía en las decisiones del sistema de salud.

11. Habrá una depuración de las nuevas Gestoras de Servicios de Salud (antiguas EPS) para pasar a una concentración de EPS privadas, desapareciendo las públicas.

12. Se aumenta y se fortalece la contratación de las EPS con sus propias clínicas (integración vertical) acabando los hospitales públicos.

Dada esta situación, el Comité Nacional ratificó el llamado a hacer plantones en cada una de las instituciones de salud y marchas en todas las ciudades por el derecho a la salud, el día martes 29 de octubre en las horas de la mañana.

Con base en lo anterior, el Comité Nacional hizo una exigencia al Gobierno Nacional y al Congreso de la República, para que realice el saneamiento financiero de toda la red pública hospitalaria y retire el proyecto de ley de reforma en salud.

Se reiteró la necesidad de una reforma profunda y radical en el sistema de salud, con una amplia participación de todos los actores de la sociedad, que garantice la salud como un derecho humano fundamental y bien público y no como una mercancía.