Según los manifestantes el software se adquirió a una empresa española que presuntamente pertenece al partido comunista español y que tendría como fin supuestamente manipular los resultados de las próximas elecciones democráticas.

 Esta área estaba compuesta por siete artefactos explosivos improvisados de alto poder y tres medios de lanzamientos.

 Tras remover 335.000 metros cúbicos durante 90 días de trabajos ininterrumpidos en el kilómetro 87 sector La Granja. Intervinieron 150 personas y más de 85 máquinas.