Información de eltiempo.com

Entre los cientos de trabajadores e ingenieros que construyen el oleoducto Bicentenario en los Llanos Orientales se mueven día a día y metro a metro 4.000 soldados. ¿Su misión? Evitar que la guerrilla se atraviese en la ruta del proyecto de infraestructura petrolera más grande del país. (Siga este enlace para leer: Putumayo dejó de sacar la mitad de su petróleo).

Dos batallones afincados en Tame (Arauca) cuidan hoy el Bicentenario, que multiplicará por cinco la capacidad del oleoducto Caño Limón-Coveñas. Pese a la vigilancia, la megaobra completa seis meses de atraso por cuenta de los atentados de las Farc y, sobre todo, del Eln.

Entre enero y junio de este año, la infraestructura petrolera del país fue atacada 67 veces, lo que representa un aumento del 253 por ciento frente al mismo periodo del 2011. Además, en lo corrido del año 14 ingenieros han sido secuestrados y dos fueron asesinados, aparentemente por no pagar 'vacunas'.

Cuatro ciudadanos chinos que trabajaban para una petrolera en Caquetá están hoy entre los secuestrados más antiguos del país. De ellos no se sabe nada desde hace más de un año, cuando las Farc se los llevaron de una zona rural de San Vicente del Caguán.

La 'locomotora minera', que está apalancada en el petróleo y es la principal fuente de ingresos del país, se ha convertido en uno de los principales blancos de la guerrilla, por varias razones. La primera es práctica: la extorsión a las grandes empresas se ha convertido en una importante fuente de recursos para grupos ilegales que han visto mermadas sus entradas provenientes de la coca.

Un ejecutivo de una empresa que opera en el Llano le dijo a EL TIEMPO que el año pasado su firma pagó unos 900 millones de pesos en 'vacunas', casi un 10 por ciento del total de sus negocios (ver recuadro). En el caso del Eln, señalan fuentes de inteligencia, sus jefes estarían viendo en la construcción del oleoducto Bicentenario la misma oportunidad de renacer que a principios de los 80 les representó la construcción del 'tubo' entre Caño Limón y Coveñas.

Una segunda razón es estratégica: con sus ataques a la infraestructura, la guerrilla obliga al Estado a destinar a labores de vigilancia tropa que debería estar combatiéndola. Hoy, más de 20.000 militares están dedicados exclusivamente a cuidar la infraestructura petrolera.

Pero hay otros 10.400 vigilando la explotación minera; 11.910 cuidando las generadoras de energía y las líneas de transmisión y otros 36.000 destinados a la vigilancia de puentes y carreteras. Eso significa que uno de cada tres soldados está dedicado a proteger infraestructura. "Tenemos más tropa pegada a las megaobras que peleando", asegura un alto mando militar. La situación, en todo caso, no es nueva. Solo que, explican fuentes de seguridad, el auge minero del país también ha multiplicado los frentes que deben ser protegidos.

Un tercer componente del plan de las Farc y del Eln es político. "Si logran 'pegarle' a la infraestructura, crean desconfianza en la inversión extranjera y generan percepción de inseguridad entre la gente", agrega la fuente militar. El país no pierde tanto por el valor de lo que hay que reparar tras cada atentado, pero sí deja de recibir una millonaria cifra por concepto del petróleo no exportado por cuenta de los ataques.

Esas son las regalías que financian la salud, el agua y la educación de los más pobres en Colombia. Y los cálculos más discretos señalan que cada día, por cuenta del terrorismo, el país deja de recibir al menos un millón de dólares. Eso es lo que valen los cerca de 11.000 barriles diarios que dejan de explotarse por razones de seguridad.

Metas, en reversa

El miércoles pasado, Ecopetrol, que explota el 70 por ciento del crudo que exporta Colombia, bajó su meta de producción de 800.000 a 780.000 barriles diarios. En la decisión, señalan conocedores del negocio, fueron claves las críticas condiciones de seguridad, especialmente en la Orinoquia y Putumayo.

Un empresario del sector resume así la situación: "El país puede llegar a la meta de producir un millón de barriles de petróleo al día, pero no es capaz de garantizar su transporte".

Ponerle un soldado a cada uno de los más de 9.000 kilómetro de oleoductos, propanoductos y poliductos no parece ser la solución definitiva. Uno de los retos para el Gobierno será romper la cadena de la extorsión, que, aunque nadie lo admita públicamente, sigue apareciendo entre los costos ocultos de las empresas que mueven la locomotora petrolera.

'Pagamos aunque vaya el Ejército'

Por no hostigar una caravana cobran hasta $ 60 millones

Casi siempre de noche, caravanas de hasta 20 mulas se mueven por las carreteras de Casanare y Arauca, fuertemente escoltadas por el Ejército. Llevan la maquinaria necesaria para sacar el petróleo de los Llanos, que hoy representa la principal fuente de ingresos para el país.

Aunque un convoy de esos casi nunca se mueve sin seguridad oficial, admite un empresario del sector, es usual contar también con 'la bendición' de la guerrilla. "Por no hostigar una caravana entre Yopal (Casanare) y Tame (Arauca), que se hace en dos días, pueden pedir hasta 60 millones", dice la fuente. Hacer esas negociaciones clandestinas puede tomarse dos o tres días más. Negarse equivale a carros quemados y hasta ataques contra los trabajadores.

Las extorsiones, rara vez denunciadas, se pagan usualmente con el 70 por ciento en efectivo y el resto en 'remesa': mercado, tarjetas para celular y botas. Entre Casanare y Tame, cobran su tajada las Farc. En Arauca es intensa la presión 'elena'.

Paz y regalías, dos factores políticos detrás de los ataques

Fernando Gutiérrez, gerente del oleoducto Bicentenario -que se construye en Arauca-, cree que las condiciones de seguridad del sector petrolero han cambiado a causa de decisiones políticas.

En primer lugar, argumenta, como se ha venido hablando de un eventual proceso de paz, las guerrillas han incrementado sus ataques para hacerse notar y para enviar el mensaje de que todavía tienen la capacidad de hacer daño.

Otro factor determinante, agrega el ejecutivo, es el cambio en el sistema de repartición de las regalías, que dificulta que los mandatarios locales permitan que parte de esos recursos llegue a los grupos ilegales. En consecuencia, estos se ven obligados a incrementar otras formas de financiarse, como la extorsión.

Para el vicepresidente ejecutivo de Petrominerales, Jack F. Scott, es claro que los actos de terrorismo están al alza, lo que ha hecho que las Fuerzas Armadas y la industria petrolera tengan que adaptarse.

Tras rechazar el último atentado contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, perpetrado hace una semana en Cubará (Boyacá) y que afectó también a Saravena (Arauca), el ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, dijo que estas acciones están afectando alrededor del 6 por ciento de la producción de crudo del país.

Pero a pesar del incremento en el número de atentados y de los riesgos que corren activos como los oleoductos Transandino, Bicentenario y Caño Limón-Coveñas, el sector privado apoya de manera prácticamente unánime la respuesta gubernamental. No obstante, reconocen que garantizar la seguridad de las líneas de conducción puede tomar tiempo.