La Contraloría General de la República, realizó un diagnóstico nacional de seguimiento a las calamidades del país durante primer semestre de 2021, el cual deja ver una situación preocupante. Las declaratorias de situación de calamidad pública a nivel departamental aumentaron en un 225%, pasando de 4 en el 2020 a 13 en el primer semestre de 2021 y, en el caso municipal, se presentó una variación del 118% (con un incremento de 95 a 208).

De acuerdo a las cifras oficiales de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), para el primer semestre del año se contabilizaban 48.748 familias, equivalentes a 123.013 personas, afectadas por emergencias y calamidades.

Es importante aclarar y tal como lo evidenció la CGR, que en el año 2020 se presentaron 185 declaratorias de calamidad, de las cuales 86 se realizaron para la atención de la emergencia por la pandemia del Covid-19, equivalentes a un 46,48%.

Los departamentos donde se presentó mayor número de decretos de declaratorias de calamidad son: Córdoba, con 1 a nivel departamental y 28 municipal; Antioquia, 1 departamental y 22 municipales; Cauca, 1 departamental y 15 de sus municipios; Putumayo con 14 municipales; y Caquetá y Meta con13 decretos municipales.

A corte del 30 de junio de 2021, la UNGRD reportó para atención de calamidades una inversión por órdenes de proveeduría de $10.481 millones, de $315 millones del Fondo de Inversión Colectiva y de $4.799 millones por órdenes de contratación expedita, para un total de $15.596 millones.

A través de estas órdenes de proveeduría por $10.481 millones, la UNGRD atendió desastres y calamidades en 14 departamentos y 36 municipios, siendo Risaralda, Arauca y Nariño, los territorios en los que se invirtieron mayores recursos.

Y a través de los Fondos de Inversión Colectiva, la entidad transfirió recursos a 2 municipios: Puerto Asís (Putumayo), $214 millones, y Vistahermosa (Meta), $101 millones.

En el caso de las órdenes de contratación expedita, se pudo verificar en el diagnóstico una inversión de $4.799 millones para la ejecución de las obras de emergencia para el control de eventos de inundación y socavación, en los municipios de Salamina y El Piñón (Magdalena).

 La Mojana, región más afectada

La Mojana es una de las regiones del país con mayor afectación por presencia hídrica. Recoge las afluencias de tres de los ríos más importantes del país: Cauca, San Jorge y Magdalena (Brazo de Loba), y confluyen allí 11 municipios de 4 departamentos.

Para atender emergencias y desastres en La Mojana se han invertido recursos del orden nacional que superan los $1.2 billones en el periodo 2010 - 2021, esto sin incluir las inversiones del orden territorial destinadas para este fin.

Según lo manifestado por el Fondo Adaptación, los recursos necesarios para ejecutar este megaproyecto ascienden a $3.4 billones, lo que significaría una inversión total cercana a los $4.6 billones, pero a la fecha las obras estructurales no se han ejecutado.

A finales del mes de agosto de 2021, se presentaron dos eventos específicos en la región de La Mojana: el primero de ellos, el rompimiento del Jarillón en el sector La Tea en el municipio de Guaranda, sobre la margen del Río Cauca, que afectó a 6.500 familias y 8 municipios (Majagual, Guaranda, San Marcos, Caimito, San Benito Abad y La Unión, en el departamento de Sucre, y Achí, Bolívar).

De igual manera, por la fuerza del Río Cauca, se presentó el rompimiento del Dique San Jacinto del Cauca, en el departamento de Bolívar, donde 350 familias resultaron afectadas y luego 200 tuvieron que ser evacuadas y reubicadas.

Observaciones del diagnóstico

Este diagnóstico hace parte del especial seguimiento que realiza la CGR a los recursos invertidos para emergencias y desastres, desplegando una estrategia con la cual se verifica la existencia, eficiencia, eficacia e impacto del Sistema Nacional de Información del Riesgo de Desastres y de los Sistemas de Información en los Niveles Regionales, Departamentales, Distritales y Municipales.

De acuerdo al diagnóstico, se requiere que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y los Comités Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, en cumplimiento del principio de oportuna información y en desarrollo de las obligaciones contenidas en la ley 1523 de 2012, fortalezcan su capacidad de captura, consolidación y difusión de información, con el fin de contar a nivel nacional y territorial con todos los datos que permitan conocer las situaciones de riesgo en el país, tanto por amenaza como por ocurrencia, así como todos los factores sociales y presupuestales que se comprometen con la ocurrencia y atención de estos riesgos.

Se observan debilidades en el componente de prevención de riesgos: el 90% de los recursos destinados para emergencias y desastres a nivel nacional se invierten en atención ante la ocurrencia de los mismos.

El mapa nacional y el histórico muestran regiones como la Costa Caribe, Chocó y La Mojana donde por las mismas épocas, en los mismos puntos o muy cercanos y por idénticas o similares causas, se presentan las declaratorias de calamidades con importantes inversiones de recursos que no impactan en el desarrollo social, sino que quedan reducidos a atender damnificados y afectados.

De igual manera, se ha determinado en el diagnóstico que la UNGRD requiere fortalecer su capacidad de captura, consolidación y verificación de información, pues presuntamente podría estarse presentando el negocio de las calamidades, bajo la concurrencia de la asignación crónica de recursos para la atención momentánea y no de fondo para la atención de riesgos.