El 18 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA). Este delito consiste en el uso de una persona menor de edad o de su representación para la satisfacción de fantasías sexuales o la generación de lucro, a cambio de una retribución (que puede ser una ganancia, un beneficio o la promesa de estos) para la niña, niño o adolescente o para otra persona.

En Colombia, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de la Nación, en el 2020 se presentaron 1425 casos de este crimen, en los cuales se vieron involucradas 2486 víctimas. Por su parte, la línea de reporte Te Protejo (que cuenta con www.teprotejocolombia.org y la App Te Protejo) ha recibido 113 reportes en lo corrido del año.

La creciente interconectividad a través de Internet y el acceso a toda clase de dispositivos electrónicos ha facilitado la comisión de este delito. Una de las manifestaciones más preocupantes de este crimen es la transmisión en directo (live streaming) de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes.

En marzo de 2022, el Centro de Internet Seguro Viguías de Red PaPaz realizó un estudio sobre esta forma de explotación en los entornos digitales, la cual consiste en la transmisión en directo del abuso sexual a una persona menor de 18 años a través de una plataforma de videollamada. En muchas ocasiones, esta transmisión se realiza con el propósito de obtener una ganancia económica. Por ende, un agresor, denominado como consumidor, le paga un monto de dinero a otro agresor, llamado facilitador, quien tiene acceso a una persona menor de edad, para que transmita a través de videollamada el abuso sexual de dicha niña, niño o adolescente. Este crimen es un gran reto para las autoridades, especialmente por el desafío que representa para la persecución y recopilación de material probatorio.

De acuerdo con la investigación, el facilitador de este material tiene el siguiente el perfil:

Mujer joven que hace parte del círculo cercano de la víctima.

Residente en comunidades vulnerables de países de bajos ingresos, como Filipinas.

Coacciona y manipula a la víctima, diciéndole que su vulneración es necesaria para el sostenimiento económico de la familia.

Por su parte, el consumidor de estos contenidos ilegales cuenta con los siguientes rasgos:

Hombre de edad madura.

Residente en países de altos ingresos, como Australia, Estados Unidos e Inglaterra.

Realiza los pagos a través de empresas de transferencias de remesas.

Para las víctimas de este delito, se presentan las siguientes consecuencias:

Altos niveles de estrés, desarrollo sexual traumático, sensación de haber sido traicionados por los cuidadores y baja autoestima

Cuadros clínicos de depresión, ansiedad y desconfianza hacia los adultos.

Desarrollo de actitudes autolesivas

Finalmente, el estudio establece que la oferta de estos contenidos ilegales se presenta en países con las siguientes características:

Legislación insuficiente en términos de protección de niñas, niños y adolescentes. Esta insuficiencia ya era aprovechada previamente por los agresores para la comisión de ESCNNA en contexto de viajes y turismo.

Incremento de su conectividad a Internet, sin un proceso paralelo de fortalecimiento en habilidades digitales y autocuidado en este tipo de entornos.

Necesidades básicas insatisfechas. El monto de dinero cobrado por los facilitadores suele ser muy bajo, lo que indica que estos ofrecen a las personas menores de edad a su cargo por pura supervivencia económica.

Para Carolina Piñeros, Directora Ejecutiva de Red PaPaz, este fenómeno tan complejo exige un abordaje integral que tenga en cuenta las posibles respuestas legales, la aplicación de técnicas de investigación proactivas y de desarrollos tecnológicos, así como la articulación global de autoridades.

Sobre Red PaPaz

La Corporación Colombiana de Padres y Madres – Red PaPaz- es una entidad que nace en el 2003 cuyo propósito superior es abogar por la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Colombia y América Latina, y fortalecer las capacidades de los adultos y actores sociales para garantizar su efectivo cumplimiento. A abril de 2022 contamos con 554 instituciones educativas afiliadas en 23 departamentos.