Este martes fue aprobado, en último debate, el Proyecto de Ley que establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 del 2020 a través del cual el Gobierno busca la permanencia de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales.

De acuerdo con el Ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orejuela, la adaptación del sistema a la era digital es una necesidad y con la aprobación de este proyecto se fortalece la utilización de los sistemas digitales, se agilizan los procesos judiciales y se flexibiliza la atención a los usuarios del servicio de justicia.

“Hay que destacar que el paso de la presencialidad a la virtualidad enfrentó favorablemente problemáticas que durante años han afectado la administración de justicia como la congestión judicial, la mora y las barreras de acceso”, aseguró el alto funcionario.

Con este proyecto, se logró continuar con el uso de las tecnologías de la información en los despachos judiciales del país. 

Para el caso de la jurisdicción penal, de manera oficiosa el juez de conocimiento podrá disponer la práctica presencial de la prueba cuando lo considere necesario, y deberá disponerlo así cuando alguna de las partes se lo solicite. Excepcionalmente la prueba podrá practicarse en forma virtual ante la imposibilidad comprobada para garantizar la comparecencia presencial de un testigo, experto o perito al despacho judicial.

La presencia física en la sede del juzgado de conocimiento solo será exigible al sujeto de prueba, a quién requirió la práctica presencial y al juez de conocimiento, sin perjuicio de que puedan asistir de manera presencial los abogados reconocidos, las partes que no deben declarar, los terceros e intervinientes especiales y demás sujetos del proceso, quiénes además podrán concurrir de manera virtual.

El propósito común que busca el Gobierno es que se optimicen los tiempos procesales, se tengan menores costos para el usuario y se obtenga un mayor índice de productividad en los despachos judiciales.