El presidente Gustavo Petro, anunció en su cuenta de Twitter que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso se integrará como gestor de paz para impulsar la culminación del proceso de paz con los paramilitares.

“El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad, las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del estado recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados. Para terminar el proceso y lograr la completa paz he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz” trinó Petro.

El nombramiento de Mancuso como gestor de paz surgió tras sus declaraciones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde reveló información relevante sobre el poder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las desmovilizaciones falsas, el papel del paramilitarismo y las redes criminales de las AUC con figuras influyentes en la política, la economía y el ámbito militar del país.

Después de esas declaraciones de Mancuso, el presidente ha hecho referencia, en diferentes oportunidades a la seriedad de sus confesiones y a las redes políticas y económicas que estuvieron involucradas.

Mancuso, quien fue extraditado a Estados Unidos en 2008 y aún permanece recluido en una prisión de ese país, ya había tenido encuentros previos con Petro. El exjefe paramilitar, envió una carta al presidente y al Congreso en la que criticó el progreso de la 'paz total'. En su misiva, Mancuso señaló que la Ley de sometimiento solo conduce a "cárcel, extradición o muerte".

Mancuso ha buscado establecer comunicación con el Gobierno y otras instituciones estatales, incluyendo el Alto Comisionado para la Paz, en varias ocasiones. En estos acercamientos, ha expresado su disposición a colaborar y contribuir al esclarecimiento de la verdad detrás del conflicto.

El papel de los gestores de paz se limita exclusivamente a miembros de grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML), y es una prerrogativa que solo el presidente de la República puede ejercer.

La labor de los gestores de paz radica en facilitar y llevar a cabo acuerdos humanitarios durante las etapas de diálogo con los respectivos grupos armados organizados al margen de la ley. A través de esta figura, será posible solicitar a las autoridades judiciales competentes la suspensión de medidas de aseguramiento o penas, o bien, requerir penas alternativas para los miembros o ex miembros de dichos grupos.

La designación no implica la suspensión o finalización de los procesos judiciales, y los gestores serán responsables de responder ante las autoridades competentes si así se requiere. Esta designación no debe interpretarse como una amnistía o un indulto. El Estado no asigna salarios ni genera contratos laborales para los gestores de paz.