Información de eltiempo.com

En el mismo sitio en el que hace casi 14 años paramilitares del Casanare bajaron de un bus a 18 personas y asesinaron a 15 de ellas luego de hacerlas acostar boca abajo en medio de la carretera, uno de los condenados por esa masacre tendrá que pedir perdón a los familiares de las víctimas.

Así lo ordenó el juzgado 56 de Bogotá en la condena a 40 años que acaba de emitir contra Luis Afrodis Sandoval, señalado de hacer parte de las autodefensas del Casanare y de conseguir las armas y ocultar a los paramilitares que perpetraron la masacre del páramo de La Sarna en el municipio de Aquitania, Boyacá, el 1.° de diciembre del 2001.

En la sentencia, además, se compulsaron copias para que se investigue al coronel Jaime Esguerra Santos, ex comandante del Batallón de Artillería n.° 1 Tarqui por omitir “sus deberes como garante de la seguridad de la región, al no adoptar los mecanismos correspondientes para perseguir a las autodefensas que se desplazaban libre y tranquilamente por la región”. Igualmente, contra los policías y un fiscal que habrían recibido 15 millones de pesos para dejar libres a los autores de la masacre.

También se ordenó investigar al ex gobernador de Casanare Nelson Mariño, quien habría ordenado el asesinato de cinco personas, crimen que habría cometido el ex paramilitar Arquímedes Pérez Parra, alias ‘Gavilán’.

En el fallo se cuestiona que las autoridades llegaron al sitio cinco horas después del crimen y que los asesinos fueron capturados esa misma noche cuando escapaban en un carro robado, pero fueron dejados en libertad “sin que hubiera la más mínima actuación judicial o policiva o reporte relacionado con la barbarie que aquí se procesa”.

Según el expediente, la masacre se cometió porque en el bus viajaba un profesor e integrante del sindicato de maestros del Casanare que, junto a los demás viajeros, era señalado de ser auxiliador de la guerrilla. Y añade que Luis Afrodis Sandoval “coordinó actividades con las fuerzas armadas del Estado –Policía y Ejército– de Sogamoso, para brindar un margen de libre acción al grupo paramilitar encargado de materializar la masacre”.

Por petición del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que representa a las víctimas, el juez ordenó que el condenado “manifieste su arrepentimiento pidiendo perdón a los familiares de las víctimas y a la comunidad en general”, por lo que pide al Inpec que disponga las medidas de seguridad para su traslado al sitio de la masacre.