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Fiscal General de la Nación pidió investigar jueces y abogados que dejaron en libertad a JJ Torres

Fiscal General de la Nación pidió investigar jueces y abogados que dejaron en libertad a JJ Torres
En carta dirigida a Pedro Alonso Sanabria Buitrago, presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, expresó su preocupación por la orden judicial que dejó en libertad al alcalde de Yopal John Jairo Torres Torres, por un presunto vencimiento de términos.

Martínez Neira, pidió investigar las actuaciones surtidas en el desarrollo del proceso penal.

En la misiva dirigida, al Presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el Fiscal General expresa que además de no haberse tenido en cuenta que la persona beneficiada con la libertad está condenada por el delito de urbanización ilegal, enfrenta un juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

“Me dirijo a usted, con el objetivo de que la Corporación que preside considere estos hechos e investigue la conducta en la que pudieron incurrir abogados y jueces dentro de esa actuación judicial”, resalta la carta.

Las siguientes son las anomalías encontradas por la Fiscalía General de la Nación y que pide ser revisadas.
Fiscal General de la Nación pidió investigar jueces y abogados que dejaron en libertad a JJ Torres
1. La defensa solicitó la nulidad de todo lo actuado por existir dos procesos que avanzaban paralelamente por los mismos hechos. El juez de instancia concedió la nulidad sin explicación razonable y desconoció la jurisprudencia al respecto que, ante estas situaciones, no reconoce nulidad y señala que procede la conexidad procesal o el archivo de la investigación menos adelantada.

2. Iván de Jesús Dueñas García, Juez Único del Circuito Especializado de Yopal (Casanare), quien tomó la decisión de nulidad, según registros del sistema de información de la Fiscalía (SPOA), fue condenado el 28 de mayo de 2015, por el delito de prevaricato al favorecer con una petición de libertad al exalcalde de Aguazul Mauricio Jimenez. La Condena contra el Juez está confirmada por la Corte Suprema de Justicia.

3. La nulidad otorgada a John Jairo Torres Torres fue revocada por el Tribunal Superior de Yopal el 25 de enero de 2017. Solo hasta el 7 de abril del mismo año se fijó la continuación de la audiencia de acusación. Así que se perdieron 102 días en el proceso, tiempo que contribuyó al vencimiento de términos.

4. La defensa del alcalde de Yopal renunció a la representación del procesado e impidió cumplir con la audiencia preparatoria programada para el 9 de junio de 2017.
Llama la atención que cuatro días antes, es decir, el 5 de junio de 2017, un abogado acudió a un juez para pedir la libertad del señor Torres Torres. Así que: “hubo representación para solicitudes de libertad, pero no para avanzar en el proceso”.

El Fiscal General de la Nación pide que la justicia actúe para controlar los actos de dilación conscientes y que exceden cualquier límite de interpretación.

“… es imprescindible que se fortalezca la capacidad de gestión de la administración de justicia, pues no es posible que un caso, con la trascendencia como el que se expone, tome tanto tiempo la fijación de audiencias” concluye el texto.

Consejo Superior de la Judicatura respondió de inmediato

El Consejo Superior de la Judicatura, respondió las peticiones del Fiscal General de la Nación, abriendo una investigación por los hechos que llevaron a que le fuera otorgada la libertad al alcalde de Yopal, John Jairo Torres.

El Magistrado, Pedro Sanabria, presidente de la Sala Disciplinaria, dijo que ese juez habría incurrido en irregularidades al demorar o “engavetar” el proceso por más de 120 días, para que se diera el vencimiento de términos.

“Este juez ya había sido sancionado por prevaricato por omisión y acaba la Corte Suprema de confirmarle la sanción. Hubo trámite moroso y hubo desviación de las investigaciones”, anticipó.

Afirmó que, en caso de encontrársele responsable, podría ser destituido de su cargo.

Torres está investigado por el delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y tiene una condena de 45 meses de prisión por el delito de urbanización ilegal, que está en proceso de revisión en la Corte Suprema de Justicia.


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