La Justicia Especial para la Paz (JEP) entregó copias a la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia para que investiguen la presunta participación de miembros del Ejército, políticos y civiles en la consolidación del paramilitarismo en Casanare y Arauca.

Los presuntos implicados han sido mencionados por alias Otoniel durante la investigación en los casos 03 y 06.

“La decisión es el resultado de un ejercicio de recaudo probatorio y contraste realizado por la magistratura, tras recoger el testimonio de Dairo Antonio Úsuga David, conocido como ‘Otoniel’. Esta diligencia se llevó a cabo los días 9, 10 y 11 de abril de 2024 en Estados Unidos, en el marco de los casos 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas, y 06, que se centra en la victimización de la Unión Patriótica”, aseguró el tribunal.

Entre los personajes que está pidiendo investigar la JEP, figuran, Julio Acosta Bernal, exrepresentante a la Cámara por Arauca, ex cónsul de Colombia en Singapur y exgobernador de Arauca, por presuntamente facilitar el ingreso del Bloque Vencedores de Arauca y su participación en la expansión paramilitar en la región.

Helí Cala López, exgobernador encargado de Casanare y exrepresentante a la Cámara por el mismo departamento, por su presunto apoyo logístico a las AUC en Casanare.

Óscar Raúl Iván Flórez Chávez, exdiputado y exgobernador de Casanare, por su presunta participación en la consolidación del poder paramilitar en la región.

Milton Rodríguez Sarmiento, exsenador, por su presunta colaboración en la financiación y apoyo al Bloque Centauros en Casanare.

Carlos Cárdenas Ortiz, exsenador, por su presunta participación en la consolidación del control paramilitar en Casanare.

Mayor General Carlos Omairo Lemus Pedraza, por su presunta connivencia con grupos paramilitares en Arauca, lo que permitió su expansión en la región durante su comandancia de la Brigada XVIII del Ejército Nacional entre 2000 y 2003.

Alfredo Guzmán Tafur, exalcalde de Tame, por su presunta contribución al establecimiento del Bloque Vencedores de Arauca.

Andrés Rueda Gómez, empresario y exsecretario de infraestructura de Casanare, por la presunta apropiación de recursos públicos en favor de las AUC en la región.

Sergio Hernández Gamarra, exrector de la Universidad de Cartagena, por su presunta colaboración financiera con las AUC en Casanare.

Sigifredo Gómez Torreglosa, contratista de la Universidad de Cartagena, por su presunta vinculación en la ejecución de contratos para financiar actividades paramilitares en Casanare.

El ventilador de ‘Otoniel’ en Casanare y Arauca

Según Dairo Antonio Úsuga los involucrados habrían colaborado con grupos paramilitares como el Bloque Centauros en Casanare y el Bloque Vencedores de Arauca, quienes perpetraron violaciones sistemáticas a los derechos humanos y en dichas regiones.

Tras su consolidación en los territorios, aseguró la JEP, los grupos armados cometieron violaciones graves como asesinatos, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados, todo ello con la presunta complicidad de actores locales y estatales.

“De acuerdo con la magistratura, las conductas que motivaron esta decisión se relacionan con el presunto apoyo, financiación y promoción de grupos paramilitares. Por tal motivo, podrían enmarcarse en el delito de concierto para delinquir agravado, el cual se clasifica como un delito de lesa humanidad, conforme a lo indicado por la Corte Suprema de Justicia”, aseguró la JEP.