En un comunicado enviado a los medios locales, la comunidad campesina de la Vereda La Unión de Yopal, hace acusaciones contra Michael Castro Niño, presidente del Concejo Municipal, por supuestamente utilizar el equipo jurídico de la corporación para beneficiar a los invasores del Caño Agua Verde. Según la publicación, Castro intenta influir ante el alcalde y el juez para proteger los derechos de estos invasores, en lugar de defender el medio ambiente y los derechos de la comunidad campesina que históricamente ha cuidado el área.

Este conflicto se origina tras la ejecución de un fallo de acción popular destinado a proteger el caño, que ha sido objeto de invasión y explotación indebida desde 2017. Los invasores, quienes están relacionados con el mismo concejal y sus familiares, han sido acusados de destruir la biodiversidad del lugar y de realizar ventas ilegales de terrenos estatales, afectando directamente la ronda de protección de 50 metros establecida por el Acuerdo Municipal No. 024 de 2013.

La comunidad local está alarmada no solo por el deterioro ambiental, sino también por la aparente complicidad de autoridades en estos actos. Con evidencia de que los terrenos y las aguas del caño están siendo explotados para beneficios personales bajo el amparo de figuras políticas, los residentes exigen una revisión y sanción de estas prácticas. Además, resaltan la necesidad de que el concejal Castro se declare impedido por conflicto de interés, dado que muchos de los implicados en la invasión son miembros de su familia.

En respuesta a las crecientes tensiones, la comunidad solicitó a las autoridades competentes, incluida la Corporinoquia y el Juzgado correspondiente, intensificar la vigilancia y asegurar el cumplimiento de las leyes ambientales y de propiedad. Insisten en que la actuación de cualquier funcionario involucrado en estos actos debe ser escrutada y que las acciones para recuperar y proteger Caño Agua Verde deben ser prioritarias.

Este caso resalta la urgencia de proteger los recursos naturales y de garantizar que las autoridades cumplan con su deber sin ceder ante intereses personales o familiares. La situación de Caño Agua Verde no solo representa un caso aislado de malversación ambiental, sino que también plantea interrogantes serios sobre la integridad y la transparencia de los encargados de proteger el patrimonio natural y legal del país.