Por Juan Carlos Niño Niño*

La Plenaria de la Cámara aprobó esta madrugada el proyecto de ley reglamentario del Sistema General de Regalías (SGR), mientras que el Senado –que continúa hoy a las 10 AM la discusión del proyecto- no tendría otra opción que acoger el texto aprobado por la Cámara, al establecer que no se contaría con el tiempo necesario para aprobar una conciliación de los texto aprobados en Cámara y Senado, teniendo en cuenta que la reciente reforma constitucional de regalías dispone que al 30 de agosto –mañana- el Congreso debe expedir esta Ley, si no quiere que el Presidente Iván Duque termine expidiendo los respectivos decretos –con fuerza de ley- que garanticen la funcionalidad del Sistema.

Ante todo es necesario explicar que la reforma al Sistema General de Regalías (SGR) se dio con el Acto Legislativo 05 de 2019, que nos permitió pasar del 9,9 por ciento al 20 por ciento para los departamentos y municipios productores, y un 5 por ciento adicional para estos municipios; más una participación para los entes productores del 20 por ciento del crecimiento registrado de un presupuesto bienal de regalías con respecto al anterior, lo que significa ni más ni menos que se duplican las asignaciones o regalías directas de los entes productores, consolidando así uno de los acuerdos más importantes en las últimas décadas entre el Gobierno Nacional y el Congreso de la República, con un proyecto de acto legislativo del Gobierno Nacional –suscrito también por los Representantes Jairo Cristancho y José Vicente Carreño- que sentó los lineamientos definitivos de la reforma constitucional y el proyecto de ley reglamentario, que tuvo éste como ponentes a los Representantes José Edilberto Caicedo, Héctor Ángel Ortiz y Cesar Ortiz Zorro, entre otros.

Uno de los aspectos más interesantes de esta reforma, es que delegó al proyecto de ley reglamentario el establecimiento de los OCAD –con excepción del OCAD de Paz- lo que significa ni más ni menos que le quitó el rango constitucional a estos órganos colegiados, encontrándonos con un inesperado acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Congreso de eliminar los OCAD para las asignaciones directas de municipios y departamentos productores de petróleo, en donde estas entidades territoriales tendrán total independencia para la formulación, viabilidad y ejecución de estos recursos –basados en una metodología de Planeación Nacional- como lo propuso y dejó constancia el Representante de Arauca Carreño en las discusiones de esta reforma constitucional y el Plan Nacional de Desarrollo.

La iniciativa legislativa reglamentaria –que devuelve la descentralización administrativa y autonomía financiera a los entes productores- permite que en el Presupuesto Bienal de Regalías 2021-2022, Casanare –incluidos los municipios-reciba por asignaciones directas una suma total de $667.113 millones, mientras que actualmente –con el régimen legal saliente- solo percibió 337.454 millones, siendo el mismo caso para el Departamento de Arauca que percibirá $169.884  millones, mientras que actualmente solo recibe $71.033  millones, en donde estos departamentos y municipios productores podrán administrar sin la centralista y arbitraria intervención de los OCAD, lo que exige a estas entidades territoriales que estén a la altura de esta delegación y manejen con total responsabilidad los mencionados recursos.

El mencionado proyecto de ley no está exento de cuestionamientos, como es el caso de autorizar que las empresas petroleras puedan pagar con proyectos y obras de infraestructura las regalías directas de los departamentos y municipios productores, porque diferentes sectores aseguran que esta “forma de pago” se va a prestar para que últimas se manipulen los precios y se termine por pagar menos regalías, a lo que fuentes del Gobierno y el Congreso se apresuran a contestar que esto no va a pasar porque los mismos representantes legales de estas entidades territoriales son los que van a concertar, aprobar y certificar las mismas como pago de regalías, por lo que queda esperar los resultados en términos de celeridad y eficiencia de esta alianza entidades territoriales – empresas petrolera, sin dejar de advertir que el pago de regalías con obras no debe eximir a estas empresas de la inversión social que adelantan en la respectiva región.

El Acto Legislativo 05 de 2019 destina un 34 por ciento para la “inversión regional de los departamentos, municipios y distritos, con criterios de necesidades básicas insatisfechas, población y desempleo” –haciendo énfasis en proyectos de alto impacto regional- en donde el proyecto de ley reglamentario nuevamente va más allá al determinar que el 60 por ciento de estos recursos serán manejados directamente por estas entidades territoriales, y solo el 40 por ciento restante estará a cargo del OCAD regional, al que se le cuestiona tener un rígida Secretaría Técnica manejada totalmente por Planeación Nacional, pero que en últimas se entiende como una de las condiciones del Gobierno para eliminar el OCAD de  las asignaciones directas y del mencionado 60 por ciento de los recursos de índole regional.

Así mismo, se destaca una proposición del Representante José Vicente Carreño Castro para que los recursos de inversión de la Asignación para la Inversión Regional se destinen también en fortalecer la integración y mejoramiento de infraestructura de los  municipios, departamentos y regiones en zona de frontera –acorde con el actual proyecto de ley de régimen diferencial de fronteras- más unas proposiciones del Representante Jairo Cristancho con el fin de que estos recursos de inversión regional se invierta en estimulo del emprendimiento agropecuario para generar trabajo, como también del mismo rubro destinar un 5 por ciento en infraestructura del sector salud y educación.

Es de anotar que el proyecto de ley también reglamentó los porcentajes restantes del Acto Legislativo para los municipios más pobres de país, con criterios de necesidades básicas insatisfechas y población (15%), conservación de las áreas ambientales estratégicas y la lucha nacional contra la deforestación (1%), inversión en ciencia, tecnología e innovación (10%), funcionamiento, la operatividad y administración del sistema, para la fiscalización de la exploración y explotación (2%) y operatividad del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control que velará por el uso eficiente y eficaz de los recursos (1%).

Coletilla: En un acuerdo del Gobierno y las bancadas del Congreso, esta madrugada se concilió una proposición para  destinar un 5 por ciento de las asignaciones directas de las entidades territoriales productoras en las universidades públicas territoriales y nacionales que se encuentren en su jurisdicción, que servirán para “financiar proyectos de infraestructura educativa o proyectos de inversión dirigidos a mejorar la ampliación de cobertura, permanencia y calidad de la educación”, sin dejar de ser válida la advertencia del Representante Jairo Cristancho –quien con la bancada de Centro Democrático logró en la tarde de ayer convencer de esta disposición al Ministro de Minas Diego Mesa- que lo ideal hubiese sido que estos recursos no se tomaran de las regalías directas sino de los de la Asignación para la inversión regional, pero que igualmente es un avance de singular importancia para la educación superior del ámbito territorial. ¡Enhorabuena!

 *Asesor Cámara de Representantes.