La Contraloría General de la República adelanta actualmente en el Departamento de Casanare un total de 65 procesos de responsabilidad fiscal por una cuantía de $178.798 millones, por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.

Por sectores, las mayores irregularidades, objeto de investigación fiscal en este departamento, se dan en el sector de vivienda y saneamiento básico Acueducto y Alcantarillado. 

Dentro de lo mencionado por el órgano de control está un proceso de responsabilidad fiscal por irregularidades en la ejecución de las obras de ampliación del acueducto y alcantarillado de la zona de expansión urbana del municipio de Paz de Ariporo en el cual se estima que la cuantía del daño es de 38 mil 086 millones de pesos.

Dentro de los contratos investigados está el 400.06.4.0004 de 2018, que tuvo por objeto  era la “Ampliación de coberturas y capacidad hidráulica de los sistemas de acueducto y alcantarillado sanitario para la zona de expansión urbana suroccidental y suroriental del municipio de Paz de Ariporo, suscrito entre la Empresa Paz de Ariporo S.A. ESP y el Consorcio Obras del Ariporo, por un valor total de $48.266 millones, y el contrato de interventoría No. 400.06.3.004 de 2019, que tuvo por objeto la “Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera, contable y jurídica para la ampliación de coberturas y capacidad hidráulica de los sistemas de acueducto y alcantarillado sanitario para la zona de expansión urbana suroccidental y suroriental del municipio de Paz de Ariporo departamento de Casanare”, suscrito entre la misma empresa y el Consorcio Inter Paz SC, por un valor de $2.668 millones.

El proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en la Actuación Especial de Fiscalización, adelantada por parte de la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías de la Contraloría General de la República, en donde evidenció que, pese al porcentaje de avance de la obra, a la fecha de la misma, no se encontraba en funcionamiento, puesto que no se habían instalado las electrobombas requeridas para la operación del sistema de acueducto y alcantarillado. Por consiguiente, en ese momento no se había cumplido a cabalidad con el objeto del proyecto, ni con los fines del Estado trazados al efectuar la destinación de los recursos invertidos.

En desarrollo de esta actuación se vincularon las compañías aseguradoras con miras a garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio.