La Procuraduría General de la Nación tiene previsto para hoy martes 4 de diciembre a las 9:30 de la mañana, la lectura del fallo en el proceso oral abreviado que se sigue contra el gobernador Nelson Mariño, investigado por la suscripción de un convenio de asociación con la Caja de Compensación Familiar de Casanare para garantizar el servicio de restaurante escolar a 62.895 estudiantes del Casanare para la ampliación y la sostenibilidad de la prestación del servicio educativo.

La tesis del abogado defensor, Gustavo Quintero Navas, durante el rápido proceso, ha sostenido que la responsabilidad para evitar la subcontratación era de Comfacasanare y que no se puede hablar de detrimento patrimonial, porque el contrato o convenio no se ha liquidado.

"Al gobernador no debía interesarle a cómo y con quién contrató Comfacasanare, acá se contrató fue la responsabilidad de Comfacasanare para responder por 68 mil almuerzos diarios", señaló en la más reciente diligencia el jurista Quintero.

La defensa del Gobernador, Gustavo Quintero, argumentó que se respondió a una necesidad urgente de darles asistencia a los niños del departamento, dio a conocer a la Procuraduría los estatutos de la Caja de Compensación Familiar de Casanare, que le permitían a esa entidad suscribir esta clase de convenios. Quintero afirmó que el viceministerio de educación, conoció del tema en su momento avalándolo tácitamente y de cara a la opinión pública.

Sobre los 1200 millones de pesos faltantes, citados por la Procuraduría, el apoderado reiteró que se utilizaron en la legalización del contrato, pago de estampillas, etc.

El apoderado señaló que se presentan inconsistencias en el proceso de la Procuraduría. Quintero reprochó la actuación del Ministerio Público porque no tiene claro cual es la falta en la que supuestamente ha incurrido el mandatario seccional.

Reiteró el abogado Gustavo Quintero que el tema de los restaurantes escolares obedece al cumplimiento de un compromiso con el gobierno nacional, a través del viceministro de educación en la mesa de concertación.

El apoderado del Gobernador Mariño solicitó la práctica de una serie de pruebas y citación de testigos que soportaran su argumentación.

LOS TESTIGOS

Los testigos del Gobernador Mariño ante la Procuraduría hicieron un recuento de los antecedentes que vivió el departamento con el congelamiento de las regalías y la imposibilidad de contratar servicios educativos, lo que generó paros y protestas de los estudiantes casanareños.

Nueve personas rindieron testimonio ante la Procuraduría en Bogotá en la investigación.

Se escuchó la versión de los Asesores de la Gobernación Jurídico, Gustavo Lara y el Asesor Jairo Andrés Useche, el Secretario General de la Gobernación, Gabriel Barreto Menéndez, la Secretaria de Educación, Lilia María Vega; el Director de Cobertura de la Secretaría de Educación, Gerardo Ángel Camargo, el Secretario de Gobierno, Miguel Zárate Parada y el Jefe de Comunicaciones, Juan Carlos Niño.

Además, el gerente de Comfacasanare Gustavo Ayala, justificó la legalidad del convenio. Funcionarios de la Procuraduría General de la Nación realizaron en Yopal, una auditoria en la sede de Comfacasanare para verificar si era idónea esta entidad para realizar este tipo de convenios.

La Procuraduría aportó en el expediente 137 pruebas contra el Gobernador de Casanare.

NELSON MARIÑO SE DECLARÓ TRANQUILO

El Gobernador Nelson Mariño, continúa manifestando su tranquilidad sobre la claridad de sus actos y su confianza en la transparencia de la Procuraduría, igualmente se mostró optimista sobre la decisión final del proceso.