Según se estableció en fuentes de la Procuraduría, al acto disciplinario que ratifica el fallo de primera instancia que destituye al Gobernador Nelson Mariño y lo inhabilita por 14 años para ejercer cargos públicos, le falta únicamente la firma del Procurador Alejandro Ordóñez.

De inmediato será notificado en la Gobernación de Casanare y el Presidente de la República designará un encargado en la Gobernación, mientras se realizan en cuatro meses, elecciones nuevamente en Casanare.

Nelson Ricardo Mariño Velandia es el cuarto Gobernador del país destituido en el último año por parte de la Procuraduría General de la Nación.

De acuerdo con el Ministerio Público, el cuestionado contrato de restaurante escolar que benefició a 62.895 estudiantes del departamento, se suscribió mediante contratación directa utilizando la figura del convenio de cooperación con el presunto propósito de eludir el proceso licitatorio.

La Procuraduría señaló que Mariño habría suscrito y permitido la ejecución del citado convenio de cooperación celebrado con Comfacasanare, entidad que no tenía la capacidad real para desarrollar directamente las actividades propias del objetivo del convenido, razón por la cual tuvo que subcontratar totalmente el objeto del convenio, perdiendo el departamento la suma de $1.200.036.600, valor que corresponde a la diferencia entre lo pagado por la Gobernación a Comfacasanare y el valor pagado por esta última al tercero contratado.

Con estas acciones se habría eludido el procedimiento selectivo de la licitación pública, “el cual tiene la característica de ser la regla general de selección de los contratistas, teniendo en cuenta la cuantía, las condiciones del contrato y las calidades propias del subcontratista, quien finalmente ejecuta las actividades del convenio”.

El Ministerio Público agregó que la prueba documental allegada al proceso permite concluir que el reproche disciplinario hecho al señor Mariño Velandia se formula a título de culpa gravísima, por cuanto no habría cumplido con su responsabilidad de dirigir y manejar la actividad contractual del departamento.

En la misma decisión la Procuraduría ordenaría investigar a los secretarios General, Gabriel Barreto, de Educación Lilia María Vega Sanabria, de Planeación, Carlos Cárdenas y al Jefe de la Oficina Jurídica Gustavo Adolfo Lara Sepúlveda.