Investigadores del CTI de la Fiscalía, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y el Batallón de Infantería Motorizado N° 43 del Ejercito Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra el actual alcalde de Cumaribo (Vichada), Hermenegildo Beltrán Sosa, por la presunta apropiaron ilícita de más de $950.000.000 destinados a los planes de intervenciones colectivas del municipio más grande del país, cuya población es principalmente indígena y presenta elevados índices de desnutrición.

El mandatario y otras cuatro personas capturadas (el exalcalde del municipio de Cumaribo 2012-2015, la exsecretaria de Desarrollo Social, la subgerente y el coordinador de la IPS indígena Matsuldani) serán presentados en audiencias concentradas ante un juez de control de garantías de Bogotá.

En las diligencias la Fiscalía imputará los delitos de concierto para delinquir, falsedad material en documento público agravado por el uso, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y fraude procesal.

La investigación inició por hallazgos de la Superintendencia Nacional de Salud y luego de múltiples labores desplegadas por el Grupo de Trabajo para delitos contra el Sistema de Seguridad Social en Salud de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía, que detectaron diversas irregularidades en los procesos de gestión administrativa, financiera y asistencial dentro de la IPS-I Matsuldani, lo que derivó en la inadecuada ejecución de los recursos destinados a la prestación de los servicios del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) en el componente de salud pública.

La Alcaldía de Cumaribo (Vichada) ha celebrado de manera sistemática los contratos PIC con esta IPS-I Matsuldani en cuantía superior a $2.000.000.000 por año y, según las pesquisas, a través de otras empresas que pertenecen a los funcionarios de esa IPS indígena se contratan las actividades del PIC para apropiar indebidamente recursos públicos que corresponden al sector salud del Sistema General de Participaciones.

La evidencia recaudada indica que estos pagos fueron justificados con documentación falsa: planillas y fotografías de actividades de salud pública que no se realizaron o que pertenecían a otros eventos que ya habían sido cancelados por la administración municipal.

También se encontró que una de las sociedades de los funcionarios de la IPS indígena habría sido beneficiada con la adjudicación de un bien baldío, mediante la modificación irregular del Plan Básico de Ordenamiento Territorial que sustituyó la destinación rural por urbana de ese predio.

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