La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública al exgobernador de Vichada, Sergio Andrés Espinosa (2012–2015), por presuntas irregularidades en la construcción del Centro de Formación e Investigación en Energías Renovables de la Amazorinoquia (CINER).

El órgano de control reprochó al exmandatario departamental la presunta transgresión de los principios de transparencia y responsabilidad de la contratación estatal, al suscribir el convenio 675 del 3 de octubre de 2013, sin tener en cuenta que en el pliego de condiciones que rigió la licitación pública No. GV-OAJ.LP-010 de 2013, al parecer, estipuló requisitos restrictivos y discriminatorios de la libre concurrencia.

El pliego pidió a los oferentes que los negocios jurídicos de los últimos siete años hubieran sido celebrados con entidades del Estado, requisito que a juicio de la Procuraduría descartaría la posibilidad de acreditar experiencia con el sector privado.

Además, solicitó como condición que la modalidad de contratación correspondiera a licitaciones públicas, en por lo menos tres negocios.

La Procuraduría advirtió que, en este caso, se habría restringido la libre concurrencia de las personas que teniendo la experiencia en el sector de la construcción, no podían participar por las restricciones en los pliegos.

Para el caso del residente y director de la obra, se requirió experiencia en edificaciones públicas, condición que para la Procuraduría habría descartado la posibilidad de acreditar intervenciones en convocatorias privadas.

“Llama la atención que las condiciones mencionadas restringieron la experiencia que podían acreditar los posibles oferentes en construcciones de naturaleza privada, inhabilitándolos para presentar propuestas, actuación que podría resultar contraria a la libre concurrencia, toda vez que no se observa que esta limitante resulte objetiva si tenemos en cuenta que la actividad de construcción puede ser ejercida por los profesionales de la ingeniería y la arquitectura en el sector privado y/o en el sector público”.

La Procuraduría calificó provisionalmente la presunta falta del disciplinado como gravísima, a título de culpa gravísima.